El golpe militar y la dictadura en Magallanes en su contexto histórico (1973-1990)

I.- EL MUNDO POLÍTICO EN MAGALLANES AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.

Las relaciones entre los partidos políticos y las organizaciones sociales.

La Confederación Democrática integraba al PDC, el Partido Nacional y la Democracia Radical.

La Unidad Popular integraba al PS, PC, PR, IC, MAPU.

Fuera de ambas coaliciones existía la Unión Socialista Popular y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

Las organizaciones sociales más influyentes e importantes eran la CUT, ANEF, la Cámara de Comercio e Industrias de Magallanes, el gremio de los empleados particulares, los colegios profesionales (de los cuales los más influyentes eran el Colegio Médico y el Colegio de Abogados).

La relación gobierno-oposición.

Las relaciones entre gobierno y oposición en Magallanes, fuera de los espacios institucionales (Municipalidades) eran de una creciente polarización.  La prensa registra, al mismo tiempo, una creciente violencia entre los partidos políticos y especialmente las juventudes de los partidos políticos con ocasión de manifestaciones y fechas políticas importantes (1º de mayo, 27 de julio, 4 de septiembre, 4 de noviembre), y una polarización del lenguaje entre los actores políticos en los medios de comunicación locales.

Aún así, el grado de violencia política en la región producto de la polarización, era menor en Magallanes que aquella que se manifestaba en la zona central y en Santiago.  No se registraron en Magallanes atentados contra los sistemas eléctricos ni otros ataques graves a la infraestructura vial como sucedió en el resto del país.

Los parlamentarios por la zona ejercían libremente sus funciones.

Las elecciones realizadas en la región se habían desarrollado con completa normalidad. ([1])


Los medios de comunicación y el gobierno.

En Magallanes al 11 de septiembre de 1973, la mayoría de los medios de comunicación (radioemisoras y prensa escrita) se encontraban bajo propiedad particular y pertenecían a empresas cuyos directivos y línea editorial eran opositores al Gobierno de la Unidad Popular.

Los únicos medios de comunicación cuya linea editorial era favorable al gobierno de la UP en Magallanes eran Televisión Nacional (con cobertura limitada), Radio La Voz del Sur y el periódico  El Magallanes.  Todas las demás emisoras radiales (Radios Presidente Ibañez, Polar, Minería, Austral) y el periódico La Prensa Austral, se situaban en una línea editorial contraria al gobierno de la Unidad Popular.

(Extractado de tesis Jeannette Antonin)

“Desde el mismo 11 de setiembre de 1973, tras producirse el golpe de Estado en Chile, los medios de comunicación del país fueron controlados por la Junta Militar de Gobierno. Desde un primer momento se aplicó la censura, autocensura, obligación de pedir autorización para nuevas publicaciones, presiones encubiertas, persecuciones, detenciones, torturas, exilio y también detención y desaparición de periodistas.

Doscientos treinta periodistas chilenos fueron víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar, así lo reveló, el año 2004, el Informe de la Comisión Nacional sobre  Prisión Política  y Tortura, conocida también, como la Comisión Valech, que recogió el testimonio de unas 35 mil personas, víctimas de la represión entre 1973 y 1990 en Chile. Esa cantidad se sumó a los 23 casos de profesionales de la prensa ejecutados o desaparecidos después del golpe de Estado de 1973.


Junto a lo anterior, el Informe Valech, emitió cuestionamientos al papel jugado por medios de comunicación proclives al régimen militar y que, entre otras cosas, omitieron hechos de graves violaciones a los derechos humanos de decenas de miles de personas.


En la región de Magallanes, el contexto fue similar al resto del país y acentuado con tres realidades concretas y propias de la zona: Una de ellas fue la existencia una alta presencia militar concentrada en varios regimientos, destacamentos navales y bases aéreas en la región de Magallanes, que la convierte en una zona de gran presencia de efectivos militares y su correspondiente componente familiar, como así también de una acción militar con muchas instalaciones y medios logísticos. La segunda característica, en gran medida, se fundamenta en lo anterior y dice relación con la instalación en Magallanes de una “Junta Militar de Gobierno Regional” que concentró el mando de toda la acción represiva y de control militar del área geográfica. La tercera situación que marcó una realidad distinta a otras zonas del país, dice relación con la jefatura de esta “Junta Militar Regional” que la ejerció el General Manuel Torres de la Cruz, el que durante los últimos meses del gobierno del Presidente Salvador Allende fue el Intendente de la Provincia, y que contaba con la confianza del primer mandatario, pero que secretamente formó parte de la preparación del golpe de Estado. Este hecho, determinó que varias acciones represivas, de vigilancia e inteligencia se efectuaran en Magallanes, varios meses antes del 11 de Septiembre de 1973.

En el ejercicio de control de los medios de comunicación de la zona, la realidad no fue diferente al resto del país. En Magallanes se clausuró una radio emisora, Radio La Voz Del Sur y las demás radioemisoras fueron ocupadas militarmente para un eficiente control de sus emisiones comunicacionales. El diario La Prensa Austral de Punta Arenas fue militarmente controlado y censurado a partir del día 11 de Septiembre de 1973.

El Informe, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura encabezada por Monseñor Sergio Valech, emitió serios cuestionamientos al rol jugado por los medios de comunicación del país en la instalación de la dictadura militar.

Al respecto, el informe de esta comisión, expresa: “Los medios de comunicación tenían prohibido criticar a la al gobierno militar y su política y en general, sólo querían mantenerse vigentes y si era posible con un prestigio y un poder que sólo podían conseguir si eran adictos al nuevo régimen”.

Como una práctica común, los medios de prensa permitieron que sus artículos y contenidos sean revisados y censurados antes de ser publicados, labor que realizaban militares “especializados” que sabían perfectamente lo que estaba permitido publicar y lo que no.

Agrega el Informe, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que otra acción de censura practicada fue, cuando el mensaje era publicado y al observar el impacto en la gente, se procedía a la incautación de lo impreso y su posterior destrucción, a lo que se agrega, en la mayoría de los casos, la acción represiva sobre el medio de comunicación y los autores de la información.

El informe de la comisión Valech señala que también, “existió la autocensura, la que fue practicada por los periodistas, editores y trabajadores de medios de comunicación, que elegían directamente auto controlarse y no informar sobre temas que les pudiera provocar una acción represiva del régimen militar”.

Los medios de comunicación desempeñaron un papel neurálgico en el golpe de estado chileno y en la consiguiente instauración del nuevo orden. Al respecto el Informe sobre Prisión Política y Tortura, de la Comisión Valech, señala que “los medios de comunicación durante la dictadura constituyeron un soporte cotidiano del gobierno y profesionales de la prensa aliados de la dictadura que llegaron a trabajar de la mano con los organismos represivos, tuvieron tratos denigrantes con detenidos políticos y ocultaron información sobre la represión a la población”. (Informe Valech, “Los medios de Comunicación” p.186)

En el marco de este ejercicio periodístico, en los días posteriores al 11 de septiembre de  1973, los medios de comunicación del país, y en Punta Arenas, el diario La Prensa Austral y periodistas afines a la dictadura militar omitieron las violaciones a los derechos humanos, denigraron a las víctimas y defendieron y justificaron la represión y publicaron mensajes comunicacionales de doble contenido.

Los mensajes comunicacionales publicados en el diario La Prensa Austral durante el período inmediatamente después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y hasta el 30 de septiembre del mismo año, estaban destinados a crear realidades en la lógica de la guerra, contra supuestos enemigos de la patria, que en este caso eran los militantes de los partidos políticos de la Unidad Popular y de “izquierda”, los que fueron llamados a entregarse, mediante bandos y/o comunicados militares, para ser detenidos.

Estos comunicados fueron de tal gravedad y amedrentadores que provocaron temor y desconcierto en la población, que hizo cambiar su conducta, generando desconfianza hasta en las propias familias. Estos mensajes comunicacionales, con determinado lenguaje, sin lugar a dudas crearon realidades en la población. Además, porque si bien los militares en aquellos comunicados entregaban listados de personas que eran requeridas por el régimen, no hacían lo mismo para informar de aquellos que estaban siendo detenidos y en qué lugares mantenidos presos.  

El diario La Prensa Austral, a pesar del  conocimiento de la situación, relacionada con la detención y tortura de personas, deliberadamente no publicó esa información para no contrariar a quienes ostentaban el poder político-militar instaurado por la fuerza de las armas, pasando a formar parte de la gran cantidad de medios que fueron manipulados comunicacionalmente, aceptando la censura, o que aplicaron la autocensura.

Los ejecutivos de La Prensa Austral –único diario en circulación- habrían aceptado la intervención en su línea editorial informativa por la autoridad militar de facto y puntualmente por “La Junta Militar Regional de Gobierno”, que obligó a  la aplicación de una fuerte censura y publicación controlada de informaciones. Para la articulación de este manejo y control de la información, los militares habrían reclutado a cierta cantidad de reporteros o periodistas colegiados que habrían respondido fielmente a los propósitos del nuevo régimen golpista.”

II.- LAS PARTICULARIDADES DEL GOLPE DE ESTADO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.

El golpe militar estaba preparado en Magallanes, por lo menos, desde octubre de 1972.  La principal prueba de tal afirmación se encuentra en el hecho que el campo de concentración de Rio Chico en Isla Dawson, cuya construcción estuvo a cargo de trabajadores de la empresa constructora Juan Pedro Martínez, se inició en octubre de 1972. ([2])

La preparación del golpe incluía un trabajo de inteligencia para formar las listas de dirigentes y militantes de los partidos de la Unidad Popular, como se evidenció en la publicación de La Prensa Austral del 12 de septiembre de 1973.

Asalto y ocupación militar de servicios públicos y edificios gubermanentales.

La ejecución del golpe militar en Magallanes fue particularmente “eficiente” si se considera la fuerte dotación militar dislocada en el territorio, la preparación técnica previa y el estado de emergencia prevaleciente al 11 de septiembre.

En menos de 4 horas (si se considera que la operación de ejecución del golpe se inició en Magallanes hacia las 07.00 hs) toda la región estaba bajo control militar, todos los edificios y servicios gubernamentales y un número elevado de dirigentes políticos de la UP y autoridades del gobierno provincial fueron detenidos en la mañana del martes y enviados vía marítima a Isla Dawson.

La creación de la Junta Provincial de Gobierno.

III.- EL SISTEMA DE CENTROS DE DETENCIÓN Y TORTURA.

Campos de concentración y centros de detención, centros de tortura y Fiscalías militares.

Desde el 11 de septiembre en Magallanes se instaló un sistema de detención y tortura, con el propósito deliberado de destruir las organizaciones políticas y sociales, romper la moral de los dirigentes y militantes de izquierda y tratar de obtener información que permita a los militares justificar la tesis del llamado “Plan Zeta”.

En los primeros meses desde septiembre, los funcionarios encargados de ejecutar interrogatorios y torturas fueron integrantes de los servicios de inteligencia de las FFAA (SIM, SIFA) y civiles asociados, como el caso de diversos profesionales médicos.  

Desde la creación de la DINA, en junio de 1974, dichas funciones fueron realizadas por civiles y militares adscritos a dicha entidad.

El sistema de interrogatorio y torturas para obtener información funcionaba vinculado a las Fiscalías de cada una de las ramas de las FFAA. De este modo, los detenidos políticos interrogados y torturados eran sometidos a numerosos tratamientos inhumanos y degradantes y a continuación debían firmar vendados, diversos documentos que supuestamente ponían por escrito sus declaraciones y respuestas. Ningún detenido interrogado y torturado pudo ver o leer el contenido de los documentos que estaban obligados a firmar a ciegas.

En el régimen de torturas, los agentes torturadores se “dividían el trabajo” entre agentes que cumplían supuestamente un rol “apaciguador” y otros que oficiaban de “violentos”.   Diversos profesionales médicos fueron reconocidos presenciando las sesiones de torturas, aconsejando la continuación o la suspensión de los apremios.

Las torturas aplicadas por agentes del Estado desde 1973 en adelante en Magallanes tuvieron diferente gradación.

Todos los detenidos que eran sometidos a torturas eran previamente vendados (para evitar que los lugares de tortura fueran reconocidos) en los recintos de detención antes de ser transportados a los lugares de detención.  En el caso de Magallanes solo fueron utilizados vehículos militares y guardias militares uniformados para el transporte de detenidos políticos desde sus lugares de detención a los centros de tortura y cada vehículo de transporte era conducido por un cabo o sargento.

Las primeras sesiones o primer nivel consistían en interrogatorios mediante golpes de puño y patadas, golpes con palos o con laques.  Un segundo nivel de tortura incluía sesiones de aplicación de electricidad, sumergir al detenido desnudo, colgado de los pies y cabeza invertida dentro de tambores rellenos con agua o excrementos, obligarlos a correr por matorrales de calafate acosados por perros.  Un tercer nivel incluía sesiones de tortura mediante, entre otros procedimientos, la aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo del detenido, la violación sexual del o la detenida y simulacros de fusilamiento. En a lo menos 2 casos, detenidos políticos en Magallanes fueron marcados con un cuchillo militar (yatagán) en la espalda o sentados desnudos sobre un calentador encendido.  En este tercer nivel se utilizaba tambien la aplicación de dosis de pentotal al detenido, para lo cual servía la colaboración de un profesional médico.

En los recintos militares y de detención (como el Estado Fiscal, Ojo Bueno, Pudeto, regimiento de Infantería de Marina Cochrane de Punta Arenas) siempre se conservaba la verticalidad de la jerarquía militar de los agentes torturadores: actuaban cabos, sargentos y conscriptos bajo instrucciones directas de sus oficiales superiores, generalmente tenientes y capitanes, quienes también participaban en los apremios.   En instituciones militares verticales y jerarquizadas como las FFAA chilenas, las torturas, tratos inhumanos y degradantes y ejecuciones sumarias, eran siempre el resultado de una práctica institucionalizada y aceptada, que provenía de instrucciones y órdenes impartidas desde el alto mando.

Algunos de los más connotados torturadores fueron Otto Trujillo, Alejandro Damianovic, Carlos Parra (oficial de Infantería de Marina) y Luis Almonacid, pero además participaron en las torturas los médicos Alejandro Babaic y el cardiólogo Guillermo Araneda.

Los centros de detención fueron segmentados por sexo y militancia política de los detenidos. 

En el recinto militar de Ojo Bueno fueron detenidas y torturadas mujeres y en los demás cuarteles militares, navales y aéreos de la región fueron detenidos varones.

Pero además fueron utilizados otros recintos civiles, oficinas públicas, edificios gubernamentales e incluso privados para la práctica de interrogatorios y tortura, como la parcela Los Roblecitos de Rio Seco, la Gobernación de Ultima Esperanza o la Casa del Deportista en Punta Arenas.

Servicios de inteligencia, Fiscalías y consejos de guerra.

Como se ha señalado anteriormente, los detenidos políticos interrogados, vendados y torturados eran sometidos a numerosos tratamientos inhumanos y degradantes y a continuación debían firmar diversos documentos o “declaraciones” que supuestamente ponían por escrito sus respuestas.

Los centros de detención, los centros de tortura, los servicios de inteligencia y las fiscalías militares funcionaban como un solo sistema integrado y coordinado de violación de los derechos humanosde los detenidos, a fin de aplicar represión y violencia sistemática.

Los servicios de inteligencia en realidad eran grupos organizados de uniformados torturadores, que contaban además con la participación activa y eficaz de colaboradores civiles: soplones o informantes, profesionales médicos y civiles ex uniformados pertenecientes a la Reserva que habían sido llamados nuevamente a filas.

Este sistema funcionó integrado entre el 11 de septiembre de 1973 y el año 1975, cuando se terminaron los consejos de guerra, y continuó funcionando entre 1975 y 1990, cuando los servicios de inteligencia fueron reemplazados por la DINA en 1975 y por la CNI…

Los consejos de guerra que fueron practicados desde 1973 en adelante en Magallanes, se basaron en las declaraciones de los detenidos obtenidas mediante torturas como se ha descrito.

El rol de los medios de comunicación.

Dos aspectos cabe destacar en la relación entre el golpe y la dictadura militar consiguiente, y los medios de comunicación.   El primero, que en la región de Magallanes, la mayoría de los medios de comunicación social mantuvieron posturas editoriales favorables al régimen dictatorial y que solo unos pocos medios (radiales en particular) fueron manifestando líneas editoriales de oposición a la dictadura.

Entre los medios que se situaron en una postura opositora cabe destacar a Radio Presidente Ibañez de Punta Arenas, durante largos años de propiedad del Obispado de esta diócesis, mientras que el periódico La Prensa Austral y Televisión Nacional TVN (dado su carácter de medio estatal y oficial) se posicionaron en una línea editorial favorable respecto del gobierno militar y sus políticas.

IV.- LINEA DE TIEMPO.

La historia político-social de la región de Magallanes en los 17 años entre 1973 y 1990 necesariamente debe dividirse en una línea de tiempo que abarca diversos períodos.

El período 1973-1980.

Septiembre. El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991 (Informe Rettig) documenta cinco casos de muerte entre el 11 de septiembre de 1973 y fines de diciembre de 1973 por agentes o personas al servicio del Estado.

Estas muertes incluyen:  30 de septiembre 1973 , la ejecución de una persona, sin militancia, por una patrulla militar en Punta Arenas. El ejecutado fue José Orlando Alvarez Barria.

24 de Octubre 1973, la ejecución de un prisionero político por un oficial militar en Cerro Sobrero, Tierra del fuego. El prisionero ejecutado fue Jorge Manuel Parra Alarcón (socialista).

30 de Octubre 1973 , la ejecución de tres prisioneros políticos por personal militar en el Regimiento Caupolicán de Porvenir, Tierra del Fuego. Los prisioneros ejecutados fueron Carlos Raúl Baigorri Hernandez (comunista), Germán Simón Carcamo Carrasco (socialista) y Ramón Domingo Gonzales Ortega (sin militancia).

Desaparición.

Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde, dirigente del MAPU, buscado y llamado por un bando militar, desapareció después de ser visto en un regimiento militar en septiembre de 1973. (Caso incorporado por la Corporación de Verdad y Reparación a su informe original).

Secuestros y confinamientos en centros de detención y en campos de concentración.

Alrededor de 2.000 personas fueron arrestadas, por motivos políticos, entre 1973 y 1976 en Magallanes por la dictadura militar en cuarteles militares, navales y aéreos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir y campos de concentración de Isla Dawson. La mayoría de estos prisioneros políticos fueron secuestrados por personal de las Fuerzas Armadas, y otros se entregaron al ser llamados por bandos militares para ser detenidos.

Los principales consejos de guerra de prisioneros políticos en Magallanes fueron seis y se llevaron a cabo durante 1973 –1974. En estos consejos se procesaron a 97 personas, 49 socialistas y 48 comunistas, incluyendo a 8 mujeres. Estos consejos fueron efectuados fuera de toda la legalidad existente hasta 1973. Todos estos prisioneros fueron torturados y no tuvieron representación jurídica adecuada.

Los consejos de guerra realizados en la región de Magallanes fueron los siguientes:

Primer Consejo contra el Partido Socialista

Este consejo tuvo lugar en noviembre de 1973 y se procesaron a 5 miembros de la dirección regional del Partido Socialista y 8 dirigentes y miembros de la Juventud Socialista. Estos incluyeron dos menores de 16 años (un hombre y una mujer), uno de 17 años y tres de 18 años. Todos estos prisioneros políticos fueron condenados a sentencias que fluctuaron de cinco años a cadena perpetua.

Consejo de Guerra Hospital Regional.

Este consejo fue llevado a cabo contra trabajadores y dirigentes sindicales del Hospital Regional de Punta Arenas. Fue efectuado en diciembre de 1973. Este consejo condenó a prisión a 5 militantes del Partido Socialista y un dirigente estudiantil comunista.

Consejo de Guerra contra la dirección regional del Partido Comunista.

Este consejo tuvo lugar en abril de 1974 y se procesaron a 27 dirigentes políticos y sociales del Partido Comunista. Todos fueron condenados y las sentencias fluctuaron desde 3 a 20 años de prisión.

Consejo de Guerra contra la Juventud Socialista.

Este consejo tuvo lugar en julio de 1974 y se procesaron a 10 dirigentes y miembros de la Juventud Socialista. Estos jóvenes socialistas tenían entre 16 y 20 años, incluyendo cuatro mujeres. Las sentencias fluctuaron entre 6 meses a 3 años de prisión.

Consejo de Guerra contra la Juventud Comunista.

Este consejo tuvo lugar en agosto de 1974 y se procesaron a 20 dirigentes de la Juventud Comunista. Estos prisioneros incluyeron a 2 mujeres. Los condenados recibieron sentencias hasta cuatro años de prisión.

Segundo Consejo de Guerra contra el Partido Socialista.

Este consejo tuvo lugar en Octubre de 1974 y se procesaron a 21 dirigentes políticos y sociales del Partido Socialista. Estos prisioneros incluyeron a 4 miembros de la Juventud Socialista ( tres de 20 años y uno de 18 años). Todos fueron condenados, y las sentencias fluctuaron desde 5 años de relegación a 18 años de prisión.

Otros Consejos de guerra.

Entre 1973 y 1974, hubo varios consejos de guerra que involucraron a personas individuales donde se condenaron por lo menos a 6 prisioneros.

Relegaciones.

Alrededor de doscientos ex presos políticos magallánicos, después de su prisión política, fueron relegados a diferentes localidades remotas del país. Estas relegaciones duraron desde algunos meses a cinco años. Los últimos relegados políticos magallánicos regresaron a la región hacia noviembre y diciembre de 1977.

Exilio de magallánicos.

Aproximadamente un centenar de magallánicos sufrió el exilio durante la dictadura militar.

Exilio forzado o por decreto

Alrededor de 50 prisioneros políticos fueron exiliados por decretos de la dictadura que le conmutaron condena de cárcel o relegación por exilio forzado. La mayoría de estos magallánicos enfrento un exilio de carácter indefinido, sus pasaportes fueron marcados con “L”, y solo fueron autorizados a retornar al país en 1987.

Exilio por persecución.

Alrededor de cincuenta magallánicos se vieron forzados a escapar del país por el peligro que para su seguridad representaba su permanencia en Magallanes. Entre 1973 y 1974, un par de decenas de ellos eran buscados con afiches en diarios y llamados en bandos militares.

Estudios truncados.

Más de 200 estudiantes, secundarios y universitarios, fueron impedidos de continuar sus estudios por razones políticas, particularmente entre 1973 y 1976. Estos incluyeron a la gran mayoría de los jóvenes magallánicos que sufrieron prisión política.

Exonerados Políticos.

Aproximadamente 2000 personas fueron exoneradas por razones políticas, particularmente entre 1973 y 1976. Estos incluyeron a la gran mayoría de los magallánicos que sufrieron prisión política.

Julio de 1974. Se dicta decreto Nº 575 que establece la regionalización del país, pasando la Provincia de Magallanes (vigente desde 1925) a constituirse en Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Diciembre de 1974.  Por Decreto Ley Nº 788 la Junta Militar se autoproclama como poder constituyente.

1975. se instala en Magallanes el sistema de Zona Franca, en reemplazo del Puerto Libre.

Julio de 1978.  La Junta Militar destituye al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Diciembre 1978.  La región de Magallanes experimenta un creciente grado de tensión ante el peligro de un conflicto militar entre Chile y Argentina como consecuencia de un diferendo fronterizo pendiente. La región recibe una considerable dotación de fuerzas militares, aéreas y navales en estado de alerta.

1979.  Etapa final de la elaboración del proyecto de nueva Constitución de la dictadura.  Se activa el debate político y la oposición a la dictadura expresa su rechazo a la nueva Constitución.

1980.  Plebiscito constitucional realizado bajo condiciones de ausencia de libertades cívicas, aprueba nueva Constitución.  Grupo de Estudios Constitucionales o Grupo de los 24 en Punta Arenas.

El período 1981-1990.

1981. Se transmiten en radio Polar los primeros programas radiales de debate político: Micrófono Abierto, Diálogo y posteriormente Polar en Parlamento.

1982. Desde inicios de 1982 se observaba un creciente endeudamiento de las empresas y las personas. Chile tenía entonces una elevada deuda externa.  El Estado procedió a comprar las carteras vencidas de los bancos endeudados al tiempo se que incrementó bruscamente el desempleo.  El descontento social por el desempleo, los bajos salarios, el bajo poder adquisitivo de las remuneraciones y el incremento de la pobreza fue una de las causantes del incremento de las demandas sociales en 1983. Entre 1982 y 1984 funcionan diversas organizaciones sociales y culturales opositoras a la dictadura. Café Kultural.

1983. Marzo. Primeras manifestaciones masivas de opositores contra la dictadura en Punta Arenas. Incremento de la actividad represiva en Magallanes. Se transmite en Radio Polar primer programa semanal de debate político (pregrabado) con panelistas de gobierno y de oposición. Agosto: se constituye Alianza Democrática.  Septiembre: se constituye Movimiento Democrático Popular. En Magallanes los partidos políticos realmente existentes y funcionando (PDC, PS, PC e IC) acuerdan continuar trabajando unidos por la recuperación democrática y no constituir en la región ninguna de las alianzas creadas en Santiago.

1984. Cabildos vecinales en Punta Arenas. 26 febrero: manifestación denominada “Puntarenazo” de opositores frente al dictador en Plaza Muñoz Gamero. 12 detenidos. Templo Catedral rodeado de fuerzas militares. Marzo: diversos ataques terroristas contra medios de comunicación y organizaciones sociales y culturales opositoras. Octubre: dos militares perpetran atentado con bomba contra templo de Parroquia Fátima.

1985.  Manifestaciones sociales y ciudadanas en Punta Arenas en 8 de marzo, 1º de mayo, 27 de julio, 4 de septiembre, 11 de septiembre.

1986. Abril: se constituye la Asamblea de la Civilidad. Mayo: se constituye en Magallanes la Asamblea de la Civilidad, coordinación que reúne a 27 organizaciones sociales, culturales y ciudadanas y colegios profesionales opositores a la dictadura. Emiten documento “La Demanda de Magallanes”. 2 y 3 julio: paro regional convocado por la Asamblea de la Civilidad. Bases de Sustentación del Regimen Democrático. 7 Septiembre: atentado FPMR contra Pinochet en Santiago.  Estado de sitio.

1987. Marzo: se constituye Comité por las Elecciones Libres. Abril.  Visita del Papa Juan Pablo II a Chile y a Magallanes. Junio: se crea Comité de Partidos Políticos para las Elecciones Libres. Se constituye Izquierda Unida. Diciembre: cónclave de los partidos de izquierda en Chile.

1988. Febrero: se constituye la Concertación de Partidos por el NO. 30 agosto: Pinochet es nombrado Candidato presidencial por la Junta Militar. Julio: Ejecución. Susana Estrella Obando Coñué, dirigente juvenil socialista, fue secuestrada por agentes estatales en julio 1988. Fue encontrada asesinada el 26 de julio de 1988 en la costanera de Punta Arenas. (Caso incorporado por la Corporación de Verdad y Reparación a su informe original). Octubre: plebiscito. Opción NO (54.7%) derrota la opción SI de continuación de la dictadura, abriendo etapa de transición.

1989.

1990.  11 de marzo: asume el primer Intendente regional de un gobierno democrático.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES.

Este texto histórico se ha construido sobre la base de información pública disponible en las siguientes fuentes:

INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VERDFAD Y RECONCILIACIÓN.  2 vols. Santiago 1991.

INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE DETENCIÓN POLÍTICA Y TORTURA.  2 vols. Santiago, 2003.

MEMORIA CHILENA.  Portal web de la Biblioteca Nacional.

Portal web internet Dawson 2000.  Agrupación de Ex Detenidos Políticos Orlando Letelier.

Sepúlveda, Oscar; Salazar, Manuel; Cavallo, Ascanio: La Historia Oculta Del Régimen Militar. Memoria De Una Epoca 1973-1988. 3ª edición, Santiago, 2013. Uqbar Editores.


[1] En la elección complementaria de Senador para reemplazar el escaño de Salvador Allende el 4 de abril de 1971, los resultados fueron: Adonis Sepúlveda (UP) 19.460 votos; Andrés Zaldívar (DC) 11.079 votos; Jorge Ovalle (PC + DR) 2.425 votos, con una abstención del 35.3%.

[2] Esta información, según testimonio de obreros que se encontraban en el campo de concentración de Rio Chico el 21 de diciembre de 1973.