Trabajadores migrantes sufrían precarias condiciones laborales y habitacionales en un establecimiento comercial chino en Punta Arenas

Se detectaron graves violaciones a los derechos humanos y laborales de trabajadores migrantes haitianos, venezolanos y chinos.

La situación se constató gracias a una fiscalización que realizó la gobernación de Magallanes, luego de recibir algunas denuncias que sospechaban sobre las precarias condiciones laborales y de higiene en la que se encontraban los ciudadanos extranjeros que ejercían labores al interior del recinto, ubicado en avenida Frei N° 770 en el sector Norte de Punta Arenas.

En Punta Arenas, el pasado 17 de diciembre 2018, se efectuó una fiscalización multisectorial, que organizó la gobernación de Magallanes, al mall chino de Punta Arenas ubicado en Avenida Frei #770, ocasión en la que Oficiales del Departamento de Extranjería y Policía Internacional PDI Punta Arenas, junto a detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, Carabineros de Chile, seremi de Salud, Trabajo y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En la oportunidad, se pudo detectar que algunos de los ciudadanos extranjeros, se encontraban pernoctando en el local en precarias condiciones de salubridad. Los detectives controlaron a 12 personas extranjeras, de las cuales cuatro se encontraban infringiendo la Ley de Extranjería: dos por trabajar de manera irregular (un ciudadano chino y un haitiano) y dos hombres de nacionalidad china que no habían efectuado el cambio de domicilio en los plazos establecidos. 

Se comprobó además, que estos trabajadores migrantes pernoctaban en un recinto comercial bajo llave.

El gobernador provincial de Magallanes, Nicolás Cogler, manifestó que junto a la Policía de Investigaciones, sospechan de que este sea un caso de tráfico de migrantes con fines de explotación laboral, lo cual será investigado acuciosamente, detallando que: “encontramos dormitorios de personas que habían trabajado muchísimas horas al día, habían más de 6 dormitorios en este mall, donde la gente viene a comprar, a hacer sus compras de navidad, le quiero decir a todas las personas, que aquí viven trabajadores, viven personas que trabajan más de 14 horas todos los días, tenemos dos denuncias. Estamos realizando junto a la seremi de Salud una fiscalización a todas las instalaciones. Vimos que en condiciones deplorables vivían personas y eso, nosotros no lo vamos a permitir, porque nuestra legislación lo prohíbe, esto no es normal y hay que decirles a las personas que vivían en estas condiciones, que en Chile, así no se vive, tenemos legislaciones que lo prohíben, que regulan los horarios de trabajo”.

Junto a esto, la seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, explicó que se fiscalizó el cumplimiento del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo D.S. N° 594, iniciándose un sumario sanitario contra este recinto comercial al detectarse diversos incumplimientos de la normativa, entre los que se encontraron deficiencias en las condiciones de limpieza y mantención del recinto, zonas de tránsito con presencia de obstáculos, no se han tomado las medidas necesarias para el control de vectores, no contar con lugar habilitado para comedor de trabajadores, vías de evacuación obstaculizadas, falta de extintores, entre otras.

Respecto a la situación laboral y contractual de los trabajadores la seremi de la cartera, Victoria Cortés, expuso que aún no hay resultados al respecto, ya que es materia de análisis, enfatizando en que, “por el momento, no podemos entregar ninguna información adicional con respecto al resultado de esta fiscalización, por cuanto el informe está en proceso de evacuación. No obstante, desde esta secretaría y como cartera del trabajo hacemos el llamado a los trabajadores y a la comunidad magallánica en general a continuar denunciando cualquier posible irregularidad de tipo laboral que visualicen pues es la única manera de que podamos intervenir y sancionar en caso de constatarse eventuales vulneraciones”.

Las observaciones emanadas desde la seremi de Salud, deben ser subsanadas a más tardar el día viernes, de lo contrario, el local deberá cerrar sus puertas al público, igualmente la SEC encontró irregularidades, sobre todo en las luces que venden, las que no poseían la certificación correspondiente para su comercialización.

PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUNTA ARENAS ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A VÍCTIMA DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El Primer Juzgado Civil y de Letras de Punta Arenas acogió la demanda de indemnización de perjuicios y ordenó pagar $130.000.000 por concepto de indemnización por daño moral -a causa de detención ilegal, torturas y pérdida del año escolar- sufrido en 1973 por Arturo Villegas. 

En causa rol C-835-2017, el juez Claudio Neculmán acreditó que «existe un reconocimiento legal del demandante como víctima de violaciones de derecho humanos conforme a lo prescrito en el artículo 1° de la ley 19.992, ley Valech, que dispone el otorgamiento de una pensión anual a las personas individualizadas en el ‘Listado de Prisioneros Políticos y Torturados’ que forma parte del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura», nómina N° 9568 de 2011 en la cual figura el demandante, al que también reconoce como víctima de tortura y confinamiento en los recintos de detención de prisioneros políticos en Magallanes. 

El fallo precisa que «entendiendo el daño moral como todo detrimento o menoscabo que por hecho o culpa de otro la víctima sufre en sus intereses extrapatrimoniales, resulta que los tratos crueles e inhumanos que se dan por acreditados, y que configuran la tortura de que fue objeto el actor, impetrados con el sólo objeto de obtener una supuesta información o una confesión y de castigarlo por estimar que pertenecía a movimientos de la izquierda política, no afines a la dictadura que imperaba en la época, causaron en el daño positivo o efectivo tanto en su esfera física, -lesiones en todo su cuerpo y lesión en una de sus rodillas como lo refieren los testigos-, como en su esfera mental, -dolor, miedo intenso y ansiedad, entre otros-, que lo menoscabó en su dignidad como ser humano, llegando incluso a su cosificación por parte de los agentes del Estado como se demuestra del relato del actor, refrendado por el certificado de la Cruz Roja de fecha 02 de febrero de 2017 que se acompañó a los autos, toda vez, que en el campo de prisioneros políticos de Isla Dawson fue despojado de su nombre pasando a denominarse «Bravo 10». 

Continúa el fallo: «A lo señalado debe agregarse que a la época de la detención ilegal, torturas y perdida del año escolar, el actor era menor de edad, con tan solo 17 años, si consideramos que a la sazón la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años, cuestión que no puede soslayarse al apreciar la dimensión del daño y consecuencialmente la indemnización del mismo».

Lea aquí texto completo del fallo:

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