Un protocolo de atención de Salud para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en Chile

A más de 40 años transcurridos desde el golpe civico-militar de 1973 en Chile, un número importante de los ex presos políticos de aquella época han ido falleciendo, producto del tiempo transcurrido y de las dolencias que padecieron como efectos de la detención y la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes de los que fueron víctimas.

En la región de Magallanes, las víctimas y sus familiares sobrevivientes, han informado que en diversos casos de nuestros compañeros y compañeras en sus postreros momentos de vida, fueron sometidos a tratos en el sistema de Salud que atentan contra sus derechos humanos fundamentales, contra el derecho a una muerte digna y forzándolos a volver a experimentar de alguna manera las situaciones de violencia a las que fueron sometidos con ocasión del golpe militar y la dictadura.

Planteamos que los Servicios de Salud pública adopten un Protocolo de Atención de Salud especialmente referido a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, de manera de asegurar el respeto a la integridad y la dignidad de las personas y el derecho a una muerte digna, que sea elaborado consensuadamente con la participación de las organizaciones ciudadanas de Derechos Humanos.

En esta materia el Programa PRAIS cumple una función fundamental.

Los objetivos del Programa de Atención Reparatoria e Integral en Salud son: a. Contribuir a la reparación de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias afectadas por la represión política ejercida por el Estado.

b. Tratar las complicaciones en salud física y mental detectadas en las personas y familias afectadas por la represión política ejercida por el Estado.

c. Disminuir la prevalencia de las consecuencias en salud derivadas de la violencia represiva, en las personas y grupos expuestos a la represión política ejercida por el Estado.

d. Implementar un modelo de atención integral en salud cuyo objetivo principal sea contribuir a la restauración del sujeto social pleno de derechos.

e. Contribuir a generar una cultura de respeto a los derechos humanos

Al mismo tiempo y en esta materia, el Protocolo de Estambul elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, constituye un punto de partida para dicha elaboración.

Al mismo tiempo proponemos el siguiente Protocolo de Actuación para la Protección de los Derechos de las víctimas de tortura, elaborado por la Universidad de Alcalá de España puede contribuir a formular el Protocolo que se plantea aquí.

Proponemos las organizaciones de Derechos Humanos de Magallanes, abrir un debate y un proceso de análisis sobre esta temática.

El examen de Chile ante Naciones Unidas – Lorena Fries – Cooperativa

El Examen Periódico Universal (EPU) es siempre una posibilidad de mirar lo que como Estado hemos hecho por avanzar en el campo de los derechos humanos. Delegaciones de gobierno y de sociedad civil se enfrentan en un diálogo constructivo en el seno del Consejo de Derechos Humanos, para evaluar lo acometido en periodos regulares de cuatro años y proyectar los cuatro años que vienen. Se trata del foro político de Estados más importante en materia de derechos humanos y un elemento importante en las relaciones internacionales. 

Al gobierno de Chile correspondió presentar los avances de los últimos cuatro años por lo que el primer ejercicio que tuvo que hacer el gobierno fue asumir, como propios, los avances y problemas en derechos humanos del gobierno anterior a lo que se suman los avances y problemas en el último año del actual gobierno.

A modo de resumen se puede señalar que Chile fue felicitado por sus avances en materia de institucionalidad de derechos humanos y por la adopción del Plan Nacional en la materia. Las situaciones críticas se encuentran en el ámbito de la no discriminación y la violencia policial. 

En efecto, los Estados, junto con felicitar dichos avances, hicieron recomendaciones respecto de situaciones que vieron cómo críticas.

En primer lugar, la relación del Estado con los pueblos indígenas y particularmente con el pueblo mapuche, se le representó a Chile en más de 40 intervenciones tanto en relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista y criminalización de sus representantes, como respecto de sus derechos a participación y a su reconocimiento constitucional.

Respecto de los derechos de las mujeres, se recomendó al Estado hacer los esfuerzos necesarios para que las mujeres puedan acceder a las instancias de representación a nivel regional y local, a avanzar hacia la despenalización absoluta del aborto y a limitar la objeción de conciencia a personas naturales.

La inmigración fue otro de los focos de recomendaciones y el llamado fue a su protección y reconocimiento de derechos, previniendo la xenofobia e incluso los brotes de racismo, en el marco de respeto y garantía de sus derechos humanos, cuestión que el actual proyecto en discusión no cumple.

La situación de niños y niñas en el país también llamó a la preocupación de los Estados los que sugirieron redoblar los esfuerzos para contar con un sistema de protección integral de los derechos de la niñez.

Las denuncias sobre abusos policiales en el uso de la fuerza venían siendo denunciados ya en el EPU anterior, pero adquirieron una relevancia mayor en el seno de Naciones Unidas con el asesinato de Camilo Catrillanca.

Los Estados recomendaron hacer esfuerzos urgentes por terminar con este tipo de situaciones que en casos han derivado en tortura, malos tratos e incluso la muerte. Todas cuestiones sabidas, y representadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos a los gobiernos, que debieran abordarse desde un marco de derechos humanos tratando de dejar fuera los cálculos y oportunismos políticos. 

Como nunca antes, organizaciones a lo largo del país se movilizaron para hacer llegar sus informes a quienes debían evaluar el desempeño de Chile en derechos humanos.

Si el 2013 eran dos las organizaciones, este 2019 fueron 62 dando cuenta del creciente interés por participar y capacidad técnica de las mismas en sus presentaciones.

Se esperaba que el Gobierno diera al EPU la misma relevancia, sin embargo y a pesar de la presencia de la Subsecretaria de Derechos Humanos, en la delegación no participó ningún ministro, como ha sido la tónica en todos los exámenes y gobiernos anteriores.

Se trata de gestos que en el campo internacional tienen un peso más allá del récord del país.

Así mismo se extrañó la ausencia de un representante de la Cámara de Diputados y parece que el poder legislativo no sabe que tiene obligaciones en materia de derechos humanos las que derivan de los Tratados que el organismo ratifica.

La participación del Senador Alejandro Navarro y del ministro de la Corte Suprema fueron relevantes para darle a la delegación un status de Estado que esperamos empiece a consolidarse a futuro.

En efecto, las comisiones de derechos humanos, tanto de la Cámara como del Senado que, hasta ahora, inexplicablemente se han restado, debieran empezar a monitorear lo que presenta el poder Ejecutivo, en representación también del parlamento en las instancias internacionales, muchas veces incluso responsabilizándolos de la falta de avances en materia legislativa.

Lorena Fries.

Alerta por “silencioso” desembarco salmonero en el Canal Beagle

Una creciente movilización ciudadana en Puerto Williams y Ushuaia se ha generado luego de conocerse el discreto plan con el que la industria salmonera busca instalarse, a través de cuatro proyectos y 138 jaulas, en aguas del Beagle, según advirtieron desde la ONG Greenpeace “La salmonicultura ha terminado por convertirse en una amenaza binacional” señala Estefanía González, coordinadora del área de océanos de la organización ambiental.

Como una seria amenaza al patrimonio medioambiental de la Patagonia chilena y argentina calificó la ONG Greenpeace al que calificaron “silencioso intento de expansión de la industria salmonera”, ahora en aguas del Canal Beagle, idea que ha generado en las últimas horas una serie de manifestaciones y protestas en Puerto Williams y Ushuaia.

De acuerdo a la información disponible, la empresa Nova Austral lideraría la iniciativa, la cual contemplaría en una primera fase cuatro proyectos y 138 jaulas que se ubicarían en distintos puntos del Beagle.

“No podemos creer que, con todas las graves y nefastas consecuencias que ha tenido la salmonicultura en amplias zonas del mar austral de Chile, ahora busquen instalarse en el Beagle. Parece no haber sido suficiente que se haya arrasado con amplias zonas de nuestro océano, sino que ahora lo quieren hacer en el mar que es la puerta de entrada a la Antártica. Denunciamos esta ambición sin límite y, por supuesto, nos declaramos en estado de alerta por esta grave amenaza”, señala Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace.

De acuerdo a la ONG, en Puerto Williams los permisos ambientales entregados en su momento a la salmonicultura datan de hace más de una década, los que serían inválidos en la actualidad, ya que esos permisos vencen después de cinco años de no haberse concretado las operaciones. “No haber caducado esos permisos ambientales y las concesiones a la empresa ha sido una negligencia inaceptable”, señalan desde Greenpeace a través de un comunicado.

No solo eso, ya que la zona es territorio de comunidades yaganes que no han sido consultadas por estos proyectos -como obliga la normativa vigente- y que, en todo caso, ya han manifestado su rechazo a la instalación de salmoneras en sus históricos territorios.

Así lo plantea David Alday, representante la Comunidad Indígena Yagán Bahía Mejillones: “Estamos muy preocupados por el inicio de las actividades de la industria salmonera en nuestra zona ya que sabemos lo nefasto que han sido sus antecedentes a nivel nacional. Sabemos bien el daño que generan a los ecosistemas y al medioambiente. Como pueblo canoero de los canales del Beagle haremos todo lo posible para que no llegue esta industria. Por lo demás, la empresa que busca instalarse no ha tenido ningún contacto con las comunidades yaganes, pese a que tienen la obligación de hacerlo”.

“A todo este panorama se suma que la industria del salmón busca operar en una zona declarada Reserva de la Biósfera, es decir, un ecosistema terrestre y marino de alto valor que debe ser especialmente cuidado, no solo para el país, sino para los equilibrios ambientales del planeta”, explica Estefanía González.

Por último, la ONG ambiental  emplazó al Gobierno a pronunciarse respecto de este intento de instalación de las salmoneras en el Beagle. “Las autoridades no pueden quedar silenciosas y deben tomar una posición clara de protección a nuestro patrimonio medioambiental. El Beagle no puede convertirse en un nuevo foco de daño ambiental por parte de las salmoneras. Sería un daño irreversible”.

La insustentabilidad minera en Aysen – Peter Hartman, CODEFF Aysen

Por Peter Hartman 
Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida

Así como terminamos el año pasado con demostraciones de lo insustentable de la minería regional, comenzamos este año con nuevas constataciones de lo mismo.

Esta vez es Laguna Gold – El Toqui la que hace noticia. Vale recordar que a fines del año pasado nos encontramos con que “graves problemas económicos llevan al cierre de Mina El Toqui” y el seremi de Minería aseguraba el 26 de diciembre que, “la situación de minera El Toqui debe resolverse en los próximos 15 días”, decía ahí también que se trataba de situaciones puntuales de la empresa, que era una situación transitoria y que sus compromisos con los trabajadores estaban asegurados. Agregó además, que la empresa se había visto afectada por una baja en la producción y que los trabajadores “van a seguir contando con la remuneración que corresponde”. Y ahora, 9 días después, resulta que Laguna Gold está en quiebra y El Toqui finiquita 47 trabajadores y adeuda sueldos y cotizaciones sin haber claridad del futuro de esa empresa.

Aparte del problema laboral, social y económico que la paralización de esa minera implica, esto nuevamente vuelve a demostrar la ninguna sustentabilidad de la minería, en este caso aquella regional. Como decía el economista M. Max Neef años atrás, la única forma que la minería sea sustentable es invirtiendo sus ganancias en armar una fuente económica y laboral de reemplazo en el mismo lugar afectado, para cuando se agote el mineral. Eso en lo económico, porque evidentemente en lo que es la sustentabilidad ambiental esa minera.

debe evitar impactos y retribuir al ambiente afectado, cuidando la salud de sus trabajadores y vecinos y contar con un plan de cierre y abandono de sus operaciones para dejar igual o mejor de como estaba antes. Y en lo social, debe respetar las costumbres locales evitando trastornos en la comunidad. Todo esto, es lo que no ha ocurrido desde que opera esa minera. De hecho, solo el año pasado tuvo que pagar multas por sobre los 1.000 millones de pesos por incumplimientos ambientales, a lo que se suma otra por un “accidente” laboral. Y por cierto las multas no han solucionado los problemas, una multa no remueve los hasta 15 centímetros de relave acarreados por el viento hacia parte del vecindario, por ejemplo.

Ahora, está claro que tenemos” un chancho al que le dan afrecho”. Según algunos, el Estado chileno pierde 40 mil millones de dólares al año en minerales que salen del país sin ningún control, esto es alrededor de 60% del presupuesto nacional, fondos con los cuales se podría financiar todas las reformas que espera el país, y que sobre 80 % del mineral sale sin valor agregado. Y además tenemos gobiernos y diputados bien remunerados que cuentan con responsabilidades fiscalizadoras y legislativas para evitar que las mineras transnacionales hagan eso, salvaguardando los intereses nacionales. ¡O al menos que no ocurra lo que ha estado y está ocurriendo en El Toqui! Al menos eso se supone. ¿Algún intento siquiera para que esas mineras paguen impuestos sobre sus utilidades más allá de un royalty insignificante, a que esas mineras dejen en la región algo en reemplazo del mineral que se llevan sin retorno? ¿Algún intento en salvaguardar el futuro de esas comunidades que cuando se acabe el mineral se quedaran en la inopia, con su ambiente contaminado, su estructura y valores sociales alterados? ¿Algún intento siquiera de fiscalización y legislar? Ejemplos de esos, de las consecuencias del saqueo o extractivismo, hay hartos en nuestro país y región. Y de autoridades coludidas, haciéndose los desentendidos o con los pantalones abajo también. Aparte de legislar y fiscalizar, se nos ocurre que entre los intentos de sustentabilidad hasta podría haber una enseñanza en el liceo local de técnico agrícola o en turismo, en vez de aquella de una minería sin futuro.

Y en cuanto a cómo la quiebra de una minera en Australia viene a afectar a una comunidad aisenina, desde los tiempos del proyecto Alumysa venimos advirtiendo sobre las consecuencias de la dependencia de decisiones que se toman en gerencias ubicadas a miles de kilómetros en el mundo “desarrollado”, donde evidentemente nuestros intereses regionales harto poco les importan. A los accionistas esos solo les importa su dinero y nuestros recursos.

Finalmente, vale recordar que el gobierno hace poco presento un “Plan de Desarrollo Regional“ en el cual se la juegan por la minería como foco de desarrollo, además de las actividades que ya contemplaba la Estrategia Regional. Parece que su olfato político, así como cuando se aprobó HidroAysén y a juzgar por lo que ha estado ocurriendo, nuevamente le está fallando.

Fuente de la crónica e imagen: AQUI AYSEN – https://aquiaysen.wordpress.com/

La inflación en las provincias de la Patagonia argentina estuvo por encima de la media nacional: 50,6%

La crisis económica golpea fuertemente a los hogares y al pueblo argentino, producto de las políticas ultraneoliberales del gobierno Macri.  La inflación sigue disparada como lo muestran las cifras del INDEC.

El índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en el mes de diciembre de 2018 una variación de 2,6% con relación al mes anterior, acumulando en el año 2018 una variación punta a punta de 47,6%. Pero en la región patagónica argentina fue del 50,6% incidido por el transporte, viviendas, gas y combustibles, y alimentos.

La suba de las tarifas y el pasaje de la suba del tipo de cambio a los precios se manifestaron en una aceleración de la tasa de inflación en 2018, la más alta desde 1991 a la fecha según reflejaron ayer algunos medios.

Es así que los datos del índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en el mes de diciembre una variación de +2,6% con relación al mes anterior, acumulando en el año 2018 una variación punta a punta de 47,6%.

Pero si trasladamos ese registro a la Región Patagónica, los datos del INDEC reflejan una suba anual del 50,6%, exactamente tres puntos porcentuales por encima de la media nacional, arrastrado fundamentalmente por el ítem alimentos, tarifas y combustibles.

De esta manera, la Patagonia fue el lugar donde más impacto de inflación hubo, sólo seguida de cerca por la región de Cuyo 49,9%; más atrás el Noroeste y el Noreste, ambos con un 47,8%; la Región Pampeana tuvo el mismo porcentaje nacional 47,6%; y la única por debajo de esa cifra fue el Gran Bueno Aires con un 47,1%. 

Si analizamos qué fue lo que más aumento el porcentaje de inflación en la Patagonia, en el nivel más alto se encuentra el ítem Transporte (69,5%); combustible (59,4%); otros Bienes y Servicios (57,75); equipamiento y mantenimiento del hogar (56,5%); alimentos y bebidas no alcohólicas (52,4%), entre otros.

Uno de los efectos colaterales de la crisis económica que viven los argentinos y los habitantes de las provincias australes es la disminución del número de visitantes compradores a los centros comerciales de las ciudades chilenas de Punta Arenas y Puerto Natales.

Qué se viene para este 2019

Según analizaron ayer algunos sitios especializados como el IARAF, el alza generalizada de los precios para 2019 va a surgir de factores clave como la resolución del proceso de ajuste tarifario del transporte y la energía, y del pasaje a precios minoristas que ocasionen las eventuales subas (y/o bajas) del tipo de cambio. Estos reposicionamientos de valores tienen que ver con la búsqueda de nuevos equilibrios en los precios relativos de la economía.

“Un precio relativo es aquel precio de un bien o servicio que no se lee en pesos corrientes, sino que está  expresado en términos de otro bien. En la jerga económica, un precio relativo es también un costo de oportunidad, ya que expresa el número de unidades de un bien o servicio a las que hay que renunciar para consumir una unidad adicional de otro bien o servicio”, aseguró el IARAF y puso como el ejemplo más cotidiano de precio relativo es el precio de la moneda estadounidense, conocido como el tipo de cambio: $38 equivalen a U$S 1.

“Como Argentina tiene un problema inflacionario crónico que da lugar a distorsiones de precios relativos, el conjunto de valores relativos de los bienes y servicios se encuentra continuamente desfasado (adelantos y rezagos) tanto respecto a otros precios del mercado interno como a precios de países socios comerciales”, detallaron.

Fuente: Tiempo Sur.

Filial de empresa salmonera Blumar construye planta procesadora en Punta Arenas

Escaso interés y cobertura ha encontrado esta noticia en los medios de prensa de la región de Magallanes.

La firma salmonera buscará procesar toda su producción de la región de Magallanes en Punta Arenas. A su vez, podrá prestar servicios a otras empresas que operen en la zona.

Fuente: Aqua.cl

Nos preocupa como Observatorio Ciudadano de DDHH de Magallanes, el riesgo de impacto ambiental que esta instalación industrial puede producir en las proximidades de la ciudad de Punta Arenas y en el estrecho de Magallanes.

Los planes de Salmones Blumar, en la región de Magallanes, comienzan a tomar más fuerza. Cameron, filial de la compañía ligada a las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz, presentó ayer al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una solicitud destinada a construir e implementar una planta de procesos para toda su producción de salmones en la región austral. La firma que se constituyó para el proyecto en Magallanes se denomina Bluriver e inició el proceso de cultivo en agosto pasado. Ahora bien, de aprobarse la construcción de la planta y según el calendario previsto, la unidad productiva estaría en condiciones de cumplir sus funciones en 2020. La empresa también prevé que el plantel preste servicios a otras salmoneras de la zona austral.

Según los antecedentes ingresados, la inversión prevista de la salmonera alcanza los US$24 millones. El objetivo de esta planta es procesar 3.500 toneladas mensuales de materia prima para una producción de 2.625 toneladas por mes de producto terminado. Lo anterior está distribuido en dos líneas de proceso: filete fresco de salmón y congelado, y producto entero fresco y congelado.

Dada la experiencia ocurrida con el proyecto de tronaduras en Mina Invierno en Isla Riesco, donde el gobierno de Piñera revirtió la decisión negativa tomada por el gobierno de Michelle Bachelet y el Intendente Jorge Flies, es altamente plausible que las autoridades regionales, sectoriales y locales del actual gobierno, faciliten la tramitación del proceso de validación ambiental de este proyecto de planta procesadora de salmones.

De allí la importancia y la relevancia de la denuncia y la movilización de la ciudadanía y de las organizaciones medioambientales para enfrentar el proceso.

Según la información disponible en la compañía salmonera se señaló que la construcción de la unidad productiva utilizará un total de 180 trabajadores. En tanto, cuando la planta entre en operación contará con una dotación aproximada de 430 personas. La planta de proceso es una pieza esencial en un proyecto integral de la empresa, que permitirá a Bluriver contar en forma paulatina con toda la cadena productiva del salmón en Magallanes, es decir, piscicultura (ciclo de agua dulce), centros de cultivo (ciclo de agua mar) y planta de proceso.

Se inició el juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca, pero…

Se ha iniciado el proceso por obstrucción a la justicia en relación al crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Cónsideramos un lento primer paso en dirección a la justicia por este grave atropello a los derechos humanos de una familia mapuche.

Lamentamos sin embargo, que el principal responsable político de este hecho, el Ministro del Interior y seguridad pública Andrés Chadwick, de quien dependen jerárquicamente las fuerzas policiales, no haya asumido su responsabilidad renunciando a su cargo.

logo oficial observatorio ddhh magallanes