Archivo de la categoría: DERECHOS HUMANOS EN CHILE

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue visitó hoy la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas

Desde hoy se encuentra en Punta Arenas el Alcalde de Recoleta Daniel Jadue. En encuentros con habitantes de la ciudad relató las experiencias de su comuna, con la exitosa Farmacia Popular, la gestión participativa de los colegios y liceos municipales, la Optica Popular y la recientemente creada Librería Popular, Recoletras.

Esta tarde, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue visitó en Punta Arenas la Casa de los Derechos Humanos, que fuera centro de torturas después de 1973 y se reunió en una amplia conversación con representantes de las dos organizaciones históricas de ex presos políticos de la región de Magallanes, la Agrupación de DDHH Orlando Letelier y ,la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares, ocasión en la que detalló la experiencia de trabajo de la Municipalidad de Recoleta con las organizaciones de DDHH en la región Metropolitana y mencionó el proyecto para la creación de un memorial.

A las 19 horas de hoy el alcalde Jadue participará en un conversatorio  ciudadano en el INSUCO de Punta Arenas y mañana en la mañana participará en la Fiesta de los Abrazos en el Parque María Behety.  

Corporación Costa Carrera y Codesa, denuncian a minera Australiana Southern Gold en Aysen – Aquí Aysen

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) investigará las operaciones de la minera australiana Southern Gold en Aysén, debido a que no habría sometido a evaluación ambiental 19 plataformas de sondajes, las que están en zona de protección.

La indagación se originó luego que organizaciones presentaron en noviembre pasado una denuncia en contra de la compañía australiana, que a través de la sociedad Southern Gold impulsa el mega proyecto de oro Los Domos, en el sector Ceballos, cerca del hoy Parque Patagonia.

Las entidades denunciantes: Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, la Corporación Costa Carrera y la Agrupación Aisén Reserva de Vida, indicaron en un documento que la minera comenzó a operar sin los permisos respectivos, agregando además que en informes de Conaf y Bienes Nacionales de 2017 se dejó en evidencia que estos trabajos afectaron cursos hídricos presentes en el sector, los que desembocan en el río Jeinimeni.

“Se encuentra afectando el curso de agua permanente aguas abajo siendo depositario de relaves de color plomo desembocando al río Jeinimeni curso de agua limítrofe (Chile – Argentina) y que abastece a la población de Chile Chico como a Los Antiguos para el riego desarrollando actividades productivas y consumo humano”, dice parte del informe.

Las prospecciones, de acuerdo a las entidades que acusaron a la minera australiana, se desarrollaron al interior del sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad “Estepa Jeinimeni–Lagunas de Bahía Jara”, a escasos kilómetros de la zona de Interés Turístico “Chelenko” y a no más de 150 metros de los límites del actual Parque Patagonia y la Reserva Nacional Jeinimeni.

Según la acusación de las organizaciones, la empresa realizó durante los años 2017 y 2018 un intenso lobby para que los terrenos fiscales donde realizó prospecciones fuera eliminado del decreto de constitución del Parque Patagonia, lo que quedó estipulado el 11 de diciembre último al publicarse un nuevo decreto en el Diario Oficial, sin incluir dicha área.

Aunque está recién en etapa de exploraciones, el proyecto Los Domos de Equus Mining ya ha sido priorizado por el actual gobierno en el marco de su Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, valorizándolo durante la eventual explotación en un rango de entre U$ 600 y $ 1.400 millones de inversión.

De acuedo a los denunciantes, estos serán algunos de los antecedentes que deberá evaluar la SMA, dado que constituye, según ellos, infracción a “la ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige resolución de calificación ambiental, sin contar con ella”.

Fuente: Aquí Aysen – /https://aquiaysen.wordpress.com/

La actualidad de la barbarie pinochetista

La publicación del fallo en primera instancia del caso por el homicidio de Eduardo Frei Montalva, golpea la conciencia de los chilenos, de la nación, de la República., porque nos recuerda una vez más con toda su crudeza y brutalidad la barbarie fascista, la barbarie del pinochetismo que vivimos como sociedad.

La derecha política y empresarial en 1982 participaba directa e indirectamente en el gobierno del dictador y su banda de asesinos y cuando ocurrió el crimen del Presidente Eduardo Frei Montalva, guardaron cómplice silencio.

Frente a la lectura del fallo del Juez Madrid solo cabe una convicción que resulta de las evidencias: en el crimen de Eduardo Frei Montalva participaron agentes de la CNI, sujetos que formaban parte de la policía política secreta de la dictadura de Pinochet, lo que indica claramente que la operación que culminó con su muerte, era una acción premeditada de inteligencia para eliminar al principal lider opositor a la dictadura.

Nos llama profundamente la atención que los profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile no tuvieron ninguna objeción de conciencia para participar en el asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva.

La derecha política y empresarial chilena que es, en realidad, la misma oligarquía burguesa dedicada a los negocios de la política y la política de los negocios, tiene en su sombrío historial del siglo XX una suma de crímenes políticos de alta relevancia: asesinaron al Comandante en Jefe del Ejército René Schneider, al general Carlos Prats González ex comandante en Jefe del Ejército, al excanciller de Chile Orlando Letelier y al Presidente Eduardo Frei Montalva.

El asesinato de Eduardo Frei Montalva es el segundo crimen político en la historia de Chile republicano, comparable con el homicidio del Ministro Diego Portales, pero además se trata de un magnicidio perpetrado y organizado por la dictadura civico militar de Pinochet. Y nunca hay que olvidar que sus responsables civiles y militares y sus seguidores, no han sido capaces de asumir enteramente su responsabilidad moral y política por este crimen.

El régimen dictatorial pinochetista ha quedado registrado en la Historia de Chile como el período de mayores violaciones a los Derechos Humanos: dos graves crisis económicas con altas cifras de desempleo y aumento de la pobreza, corrupción organizada y robo sistemático de bienes públicos, asesinatos políticos, detenciones masivas y represión policial intensiva, aplicación sistemática de torturas y otros tratos inhumanos y degradantes, ejecución de crímenes de lesa humanidad, exilio de varios miles de ciudadanos, asesinato y desaparición forzada de compatriotas.

En aquel contexto, tiene perfecto sentido considerar que el crimen del Presidente Eduardo Frei Montalva califica como un crimen de lesa humanidad.

Los derechos humanos en Chile constituyen todavía una de las más grandes deudas históricas con el pasado y con el presente, con cientos de miles de víctimas y sus familias, ya que las violaciones a estos derechos siguen ocurriendo en nuestro país, a pesar de lo avanzado en justicia, reparación y memoria.

Punta Arenas – Magallanes, 30 enero 2019.-

OBSERVATORIO CIUDADANO DE DERECHOS HUMANOS DE MAGALLANES Y LA PATAGONIA.

El Presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado por la dictadura cívico-militar – Texto completo del fallo

MINISTRO ALEJANDRO MADRID DICTA SENTENCIA POR HOMICIDIO DE EX PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid Crohare, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por la muerte del ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva.

El magistrado sentenció a un empleado civil de la Central Nacional de Informaciones (CNI), al ex chofer de Frei Montalva y a médicos por sus responsabilidades en el  homicidio del Jefe de Estado, hecho ocurrido el  22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María de Santiago,  luego de una intervención quirúrgica a la que se sometió meses antes del deceso.

El magistrado condenó al médico Patricio Silva Garín a la pena efectiva de 10 años años de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad como autor del delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 número 2 del Código Penal.  En tanto, se condenó como coautores  del mismo delito a Luis Becerra Arancibia (chofer personal del mandatario e informante de la CNI) y Raúl Lillo Gutiérrez (agente civil de la CNI) a  la pena efectiva de siete años de presidio mayor en su grado mínimo.

Además, el ministro Madrid sentenció al médico Pedro Valdivia Soto a la pena efectiva de  cinco años de presidio menor en su grado máximo por su responsabilidad como cómplice del mismo hecho  y a los  tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere a las penas de 3 años de presidio menor en su grado medio en calidad de encubridores, pena que deberán cumplir mediante la remisión condicional.

Fuente: Poder Judicial.

El examen de Chile ante Naciones Unidas – Lorena Fries – Cooperativa

El Examen Periódico Universal (EPU) es siempre una posibilidad de mirar lo que como Estado hemos hecho por avanzar en el campo de los derechos humanos. Delegaciones de gobierno y de sociedad civil se enfrentan en un diálogo constructivo en el seno del Consejo de Derechos Humanos, para evaluar lo acometido en periodos regulares de cuatro años y proyectar los cuatro años que vienen. Se trata del foro político de Estados más importante en materia de derechos humanos y un elemento importante en las relaciones internacionales. 

Al gobierno de Chile correspondió presentar los avances de los últimos cuatro años por lo que el primer ejercicio que tuvo que hacer el gobierno fue asumir, como propios, los avances y problemas en derechos humanos del gobierno anterior a lo que se suman los avances y problemas en el último año del actual gobierno.

A modo de resumen se puede señalar que Chile fue felicitado por sus avances en materia de institucionalidad de derechos humanos y por la adopción del Plan Nacional en la materia. Las situaciones críticas se encuentran en el ámbito de la no discriminación y la violencia policial. 

En efecto, los Estados, junto con felicitar dichos avances, hicieron recomendaciones respecto de situaciones que vieron cómo críticas.

En primer lugar, la relación del Estado con los pueblos indígenas y particularmente con el pueblo mapuche, se le representó a Chile en más de 40 intervenciones tanto en relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista y criminalización de sus representantes, como respecto de sus derechos a participación y a su reconocimiento constitucional.

Respecto de los derechos de las mujeres, se recomendó al Estado hacer los esfuerzos necesarios para que las mujeres puedan acceder a las instancias de representación a nivel regional y local, a avanzar hacia la despenalización absoluta del aborto y a limitar la objeción de conciencia a personas naturales.

La inmigración fue otro de los focos de recomendaciones y el llamado fue a su protección y reconocimiento de derechos, previniendo la xenofobia e incluso los brotes de racismo, en el marco de respeto y garantía de sus derechos humanos, cuestión que el actual proyecto en discusión no cumple.

La situación de niños y niñas en el país también llamó a la preocupación de los Estados los que sugirieron redoblar los esfuerzos para contar con un sistema de protección integral de los derechos de la niñez.

Las denuncias sobre abusos policiales en el uso de la fuerza venían siendo denunciados ya en el EPU anterior, pero adquirieron una relevancia mayor en el seno de Naciones Unidas con el asesinato de Camilo Catrillanca.

Los Estados recomendaron hacer esfuerzos urgentes por terminar con este tipo de situaciones que en casos han derivado en tortura, malos tratos e incluso la muerte. Todas cuestiones sabidas, y representadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos a los gobiernos, que debieran abordarse desde un marco de derechos humanos tratando de dejar fuera los cálculos y oportunismos políticos. 

Como nunca antes, organizaciones a lo largo del país se movilizaron para hacer llegar sus informes a quienes debían evaluar el desempeño de Chile en derechos humanos.

Si el 2013 eran dos las organizaciones, este 2019 fueron 62 dando cuenta del creciente interés por participar y capacidad técnica de las mismas en sus presentaciones.

Se esperaba que el Gobierno diera al EPU la misma relevancia, sin embargo y a pesar de la presencia de la Subsecretaria de Derechos Humanos, en la delegación no participó ningún ministro, como ha sido la tónica en todos los exámenes y gobiernos anteriores.

Se trata de gestos que en el campo internacional tienen un peso más allá del récord del país.

Así mismo se extrañó la ausencia de un representante de la Cámara de Diputados y parece que el poder legislativo no sabe que tiene obligaciones en materia de derechos humanos las que derivan de los Tratados que el organismo ratifica.

La participación del Senador Alejandro Navarro y del ministro de la Corte Suprema fueron relevantes para darle a la delegación un status de Estado que esperamos empiece a consolidarse a futuro.

En efecto, las comisiones de derechos humanos, tanto de la Cámara como del Senado que, hasta ahora, inexplicablemente se han restado, debieran empezar a monitorear lo que presenta el poder Ejecutivo, en representación también del parlamento en las instancias internacionales, muchas veces incluso responsabilizándolos de la falta de avances en materia legislativa.

Lorena Fries.

La insustentabilidad minera en Aysen – Peter Hartman, CODEFF Aysen

Por Peter Hartman 
Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida

Así como terminamos el año pasado con demostraciones de lo insustentable de la minería regional, comenzamos este año con nuevas constataciones de lo mismo.

Esta vez es Laguna Gold – El Toqui la que hace noticia. Vale recordar que a fines del año pasado nos encontramos con que “graves problemas económicos llevan al cierre de Mina El Toqui” y el seremi de Minería aseguraba el 26 de diciembre que, “la situación de minera El Toqui debe resolverse en los próximos 15 días”, decía ahí también que se trataba de situaciones puntuales de la empresa, que era una situación transitoria y que sus compromisos con los trabajadores estaban asegurados. Agregó además, que la empresa se había visto afectada por una baja en la producción y que los trabajadores “van a seguir contando con la remuneración que corresponde”. Y ahora, 9 días después, resulta que Laguna Gold está en quiebra y El Toqui finiquita 47 trabajadores y adeuda sueldos y cotizaciones sin haber claridad del futuro de esa empresa.

Aparte del problema laboral, social y económico que la paralización de esa minera implica, esto nuevamente vuelve a demostrar la ninguna sustentabilidad de la minería, en este caso aquella regional. Como decía el economista M. Max Neef años atrás, la única forma que la minería sea sustentable es invirtiendo sus ganancias en armar una fuente económica y laboral de reemplazo en el mismo lugar afectado, para cuando se agote el mineral. Eso en lo económico, porque evidentemente en lo que es la sustentabilidad ambiental esa minera.

debe evitar impactos y retribuir al ambiente afectado, cuidando la salud de sus trabajadores y vecinos y contar con un plan de cierre y abandono de sus operaciones para dejar igual o mejor de como estaba antes. Y en lo social, debe respetar las costumbres locales evitando trastornos en la comunidad. Todo esto, es lo que no ha ocurrido desde que opera esa minera. De hecho, solo el año pasado tuvo que pagar multas por sobre los 1.000 millones de pesos por incumplimientos ambientales, a lo que se suma otra por un “accidente” laboral. Y por cierto las multas no han solucionado los problemas, una multa no remueve los hasta 15 centímetros de relave acarreados por el viento hacia parte del vecindario, por ejemplo.

Ahora, está claro que tenemos” un chancho al que le dan afrecho”. Según algunos, el Estado chileno pierde 40 mil millones de dólares al año en minerales que salen del país sin ningún control, esto es alrededor de 60% del presupuesto nacional, fondos con los cuales se podría financiar todas las reformas que espera el país, y que sobre 80 % del mineral sale sin valor agregado. Y además tenemos gobiernos y diputados bien remunerados que cuentan con responsabilidades fiscalizadoras y legislativas para evitar que las mineras transnacionales hagan eso, salvaguardando los intereses nacionales. ¡O al menos que no ocurra lo que ha estado y está ocurriendo en El Toqui! Al menos eso se supone. ¿Algún intento siquiera para que esas mineras paguen impuestos sobre sus utilidades más allá de un royalty insignificante, a que esas mineras dejen en la región algo en reemplazo del mineral que se llevan sin retorno? ¿Algún intento en salvaguardar el futuro de esas comunidades que cuando se acabe el mineral se quedaran en la inopia, con su ambiente contaminado, su estructura y valores sociales alterados? ¿Algún intento siquiera de fiscalización y legislar? Ejemplos de esos, de las consecuencias del saqueo o extractivismo, hay hartos en nuestro país y región. Y de autoridades coludidas, haciéndose los desentendidos o con los pantalones abajo también. Aparte de legislar y fiscalizar, se nos ocurre que entre los intentos de sustentabilidad hasta podría haber una enseñanza en el liceo local de técnico agrícola o en turismo, en vez de aquella de una minería sin futuro.

Y en cuanto a cómo la quiebra de una minera en Australia viene a afectar a una comunidad aisenina, desde los tiempos del proyecto Alumysa venimos advirtiendo sobre las consecuencias de la dependencia de decisiones que se toman en gerencias ubicadas a miles de kilómetros en el mundo “desarrollado”, donde evidentemente nuestros intereses regionales harto poco les importan. A los accionistas esos solo les importa su dinero y nuestros recursos.

Finalmente, vale recordar que el gobierno hace poco presento un “Plan de Desarrollo Regional“ en el cual se la juegan por la minería como foco de desarrollo, además de las actividades que ya contemplaba la Estrategia Regional. Parece que su olfato político, así como cuando se aprobó HidroAysén y a juzgar por lo que ha estado ocurriendo, nuevamente le está fallando.

Fuente de la crónica e imagen: AQUI AYSEN – https://aquiaysen.wordpress.com/

Se inició el juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca, pero…

Se ha iniciado el proceso por obstrucción a la justicia en relación al crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Cónsideramos un lento primer paso en dirección a la justicia por este grave atropello a los derechos humanos de una familia mapuche.

Lamentamos sin embargo, que el principal responsable político de este hecho, el Ministro del Interior y seguridad pública Andrés Chadwick, de quien dependen jerárquicamente las fuerzas policiales, no haya asumido su responsabilidad renunciando a su cargo.

logo oficial observatorio ddhh magallanes

Plataforma nacional de derechos humanos para el siglo xxi – chile, marzo 2008

A un año de la muerte del dictador Augusto Pinochet Ugarte, autor de las mayores atrocidades y atropellos a los Derechos Humanos en Chile, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reunidas en el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos entre los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2007, en las aulas de la Universidad de Santiago de Chile, ex Universidad Técnica del Estado, hemos sentado las bases de la Plataforma de Derechos Humanos que guiara nuestras luchas en el siglo XXI.

El Congreso Nacional de Derechos Humanos congregó a 350 representantes de distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos del país; de los cuales 140 correspondieron a regiones y pueblos de Chile; 10 delegados provenientes de Suecia, Alemania, Francia, Austria y Australia, los que participaron en representación de los chilenos en el exterior; y 200 delegados de la región Metropolitana. 

Por primera vez se integraron públicamente en el debate social, las distintas dimensiones de los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos.

Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares de Magallanes se pronuncia en contra de la injerencia del gobierno de Chile en los asuntos internos de Venezuela

POR LA PAZ Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, RECHAZAMOS LA INJERENCIA DEL GOBIERNO DE CHILE EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE VENEZUELA.

En los días recientes, y como parte de una escalada comunicacional orquestada, la opinión pública en Chile ha presenciado una agudización de los ataques en contra del gobierno bolivariano y constitucional de Venezuela.


Rechazamos y repudiamos la decisión política intervencionista del gobierno de Chile, que en alianza con los gobiernos de ultra derecha de Brasil y Estados Unidos, pretenden dictar normas de conducta a Venezuela, en clara violación del principio de autodeterminación de los pueblos, uno de los fundamentos del Derecho Internacional. 


En Venezuela, donde rige plenamente el Estado de Derecho y una Constitución aprobada  en forma legítima por la mayoría ciudadana de la República, se está intentando un golpe de Estado y rechazamos que el actual gobierno de Chile se haga cómplice activo de una tentativa golpista con fatales consecuencias para la paz, la estabilidad y los derechos humanos del pueblo venezolano.   

En Venezuela el único gobierno constitucional de la República, conforme a la Constitución bolivariana, es el Presidente Nicolás Maduro, como lo han reconocido explícitamente las FFAA y el Poder Judicial de ese país.   El Presidente Nicolás Maduro fue elegido en un proceso electoral en mayo de 2018 donde participaron además 3 candidatos de la oposición.


Respaldamos el llamado realizado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, los gobiernos de Uruguay, México y los pueblos latinoamericanos, para que en Venezuela tenga lugar un diálogo justo y equitativo que resuelva las diferencias y el conflicto político por la vía democrática.   Lamentamos que el actual gobierno de Chile, al abanderizarse por un sector político interno venezolano, perdió la posibilidad de ser un Estado garante del diálogo, la paz, la soberanía, la democracia y al respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano.

AGRUPACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES DE MAGALLANES.

Punta Arenas, Magallanes, 26 de enero de 2019.-

Tribunal de Santiago condenó al Fisco a pagar indemnización a ex prisionero político por detención y torturas

El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a un prisionero político sometido a apremios en distintos recintos militares, en 1974. En fallo (rol 6.659-2018) la jueza Juana Álvarez Arenas estableció que corresponde reparar el daño moral por la responsabilidad del Estado en un crimen de lesa humanidad. “Que es menester, por tanto, analizar la segunda excepción alegada por la demandada, cual es la “prescripción extintiva” de la acción incoada.

Al respecto, debemos reseñar que resulta necesario tener presente que nos encontramos frente a graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en la presente sentencia en su parte expositiva y en los diversos testimonios vertidos, ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste”, dice el fallo. 

Agrega que: “Teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que nuestra acción en estudio sí está sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito”. 

Además se considera que: “Así, en el caso sub lite, la detención ilegal y tortura a las que fue sometido el demandante, ocurridas en un contexto excepcional, constituyen en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo en forma extrajudicial, al margen de la juridicidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de Ius Congens, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna”.

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