Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares de Magallanes se pronuncia en contra de la injerencia del gobierno de Chile en los asuntos internos de Venezuela

POR LA PAZ Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, RECHAZAMOS LA INJERENCIA DEL GOBIERNO DE CHILE EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE VENEZUELA.

En los días recientes, y como parte de una escalada comunicacional orquestada, la opinión pública en Chile ha presenciado una agudización de los ataques en contra del gobierno bolivariano y constitucional de Venezuela.


Rechazamos y repudiamos la decisión política intervencionista del gobierno de Chile, que en alianza con los gobiernos de ultra derecha de Brasil y Estados Unidos, pretenden dictar normas de conducta a Venezuela, en clara violación del principio de autodeterminación de los pueblos, uno de los fundamentos del Derecho Internacional. 


En Venezuela, donde rige plenamente el Estado de Derecho y una Constitución aprobada  en forma legítima por la mayoría ciudadana de la República, se está intentando un golpe de Estado y rechazamos que el actual gobierno de Chile se haga cómplice activo de una tentativa golpista con fatales consecuencias para la paz, la estabilidad y los derechos humanos del pueblo venezolano.   

En Venezuela el único gobierno constitucional de la República, conforme a la Constitución bolivariana, es el Presidente Nicolás Maduro, como lo han reconocido explícitamente las FFAA y el Poder Judicial de ese país.   El Presidente Nicolás Maduro fue elegido en un proceso electoral en mayo de 2018 donde participaron además 3 candidatos de la oposición.


Respaldamos el llamado realizado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, los gobiernos de Uruguay, México y los pueblos latinoamericanos, para que en Venezuela tenga lugar un diálogo justo y equitativo que resuelva las diferencias y el conflicto político por la vía democrática.   Lamentamos que el actual gobierno de Chile, al abanderizarse por un sector político interno venezolano, perdió la posibilidad de ser un Estado garante del diálogo, la paz, la soberanía, la democracia y al respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano.

AGRUPACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES DE MAGALLANES.

Punta Arenas, Magallanes, 26 de enero de 2019.-

Tribunal de Santiago condenó al Fisco a pagar indemnización a ex prisionero político por detención y torturas

El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a un prisionero político sometido a apremios en distintos recintos militares, en 1974. En fallo (rol 6.659-2018) la jueza Juana Álvarez Arenas estableció que corresponde reparar el daño moral por la responsabilidad del Estado en un crimen de lesa humanidad. «Que es menester, por tanto, analizar la segunda excepción alegada por la demandada, cual es la «prescripción extintiva» de la acción incoada.

Al respecto, debemos reseñar que resulta necesario tener presente que nos encontramos frente a graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en la presente sentencia en su parte expositiva y en los diversos testimonios vertidos, ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste», dice el fallo. 

Agrega que: «Teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que nuestra acción en estudio sí está sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito». 

Además se considera que: «Así, en el caso sub lite, la detención ilegal y tortura a las que fue sometido el demandante, ocurridas en un contexto excepcional, constituyen en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo en forma extrajudicial, al margen de la juridicidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de Ius Congens, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna».

 VER FALLO (PDF)

Pescadores artesanales de la jibia se refieren a promulgación de la ley respectiva

Desde que este miércoles 23 de enero se conociera la decisión del gobierno de no objetar la denominada “Ley de la Jibia”, distintas organizaciones del sector han emitido declaraciones para manifestar su reacción.

Para más información: >> Mayor exportadora de jibia no descarta acciones judiciales

Ahora fue el turno de Pascual Aguilera en nombre de la Coordinadora Nacional de Jibieros; Hernán Cortés por parte del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp); Elías Marambio, quien es dirigente de los pescadores de la región de Coquimbo; Miguel Ángel Hernández de la Federación Nuevo Amanecer; David Castro de la Coordinadora de Jibieros del Biobío; Saúl Lagos de la Cooperativa de Boteros de Lebu, y Hernán Machuca de Siarpesca La Araucanía.

A continuación reproducimos íntegramente la declaración firmada por dichos dirigentes:

“1. Es un triunfo para Chile que la ley que elimina la pesca de arrastre e incorpora el uso de línea de mano o potera para la captura de la jibia vaya a ser promulgada en el breve plazo, tal como lo indicó el ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. No solo porque beneficia al sector artesanal, sino porque da un paso gigantesco en pos de la sustentabilidad de los recursos pesqueros que deben pertenecer a todos los chilenos.

2. Es positiva la reacción del gobierno que legitima al Congreso al retirar el veto. Esta no debiera ser razón de enojo de la industria pesquera, porque los legisladores están haciendo su trabajo de cara al país.

3. Este nuevo Congreso, que ya no está ‘capturado’ por la industria pesquera, aprobó transversalmente y por una abrumadora mayoría la iniciativa. Este proceso se hizo ceñido a la ley, en forma transparente y democrática, y escuchando a todos los actores y opiniones técnico-científicas, tal como quedó registrado en el proceso.

4. Con las lamentables declaraciones de la Asipes donde insisten en los efectos que la norma tendrá para el país, y generan una falsa alarma productiva, no hacen más que ratificar que la industria pesquera solo está contenta cuando se hace los que ellos quieren, tratando de revivir viejas prácticas que hoy están siendo investigadas por el Ministerio Púbico.

Para más información lea lo siguiente: >> [EN-ES] Industriales por “Ley de la Jibia”: “Es una burla y un testimonio feroz del populismo”

5. La norma es constitucional. El Congreso por amplia mayoría, al igual que nuestros asesores legales y el gobierno así lo determinaron, y el hecho que este último no hubiera recurrido al Tribunal Constitucional, es también prueba de lo mismo.

6. Volvemos a reiterar que no están en juego los derechos de la industria pesquera, porque mantienen la cuota de 20% establecida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) desde el año 2012. Tampoco -si cumplen con la norma- está en juego la fuente laboral de sus trabajadores. Tal como ocurre en otros países, la industria debe modernizar su flota y tecnificar sus procesos.

Para más información les la siguiente información: >> “Ley de la Jibia”: Trabajadores pesqueros deciden nuevas acciones

En este punto, no hay que olvidar que el total de barcos que pescan con arrastre en el país para la captura de la jibia son siete, embarcaciones que también son utilizadas para la pesca de otros recursos. Esto fue ratificado por los trabajadores del sector tras reunión con el ministro Valente. Por tanto, hablamos de 119 puestos de trabajos que no están en riesgo, porque solo dejarían de pescar jibia manteniendo el 100% de las restantes pesquerías.

7. Indicar que mientras el arrastre da empleo a unas decenas de personas, pescar con línea de mano o potera generará cientos, sino miles de empleo y reactivará a las pequeñas pymes que se han ido perdiendo por la escasez de recursos, debido a la pesca de arrastre.

Lea >> Gremio de plantas procesadoras entrega su postura ante “Ley de la Jibia”

8. La pesca artesanal ha dado su palabra que, tras la promulgación de la norma, se establecerá un diálogo para regular otros aspectos relacionados con el recurso y que hoy no están normados por ley.

9. Reiteramos que la pesca artesanal hoy está más unida que nunca para enfrentar los siguientes desafíos, como es la nulidad de la Ley de Pesca. Sabemos que terminar con los privilegios de unos pocos permitirá desarrollar al sector artesanal, abrir un mercado que está ‘capturado’ por siete familias, lo que traerá beneficios para nosotros, los trabajadores y todos los chilenos”.

Más información: >> Fedepes: “Esperamos que el gobierno cumpla su compromiso de perfeccionar la ‘Ley de la Jibia’”

Información adicional y relacionada: >> No solo la jibia: Sostienen que el arrastre se debe eliminar en todas las pesquerías*

Fuente: Aqua.

Corte Suprema condena al Fisco a pagar indemnización a víctima de torturas en Concepción

CORTE SUPREMA CONDENA AL FISCO A PAGAR INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMA DE TORTURAS DE CONCEPCIÓN

La Corte Suprema acogió recurso de casación y condenó al Fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a víctima de apremios ilegítimos. Ilícito perpetrado en 1974, en la ciudad de Concepción.

En fallo unánime (causa rol 20.362-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y los abogados (i) Ricardo Abuauad y Antonio Barra– rechazó la aplicación de la prescripción de la acción civil, tras establecer el ilícito constituye un delito de lesa humanidad.

«(…) la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional, en el que representaban al gobierno de la época y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231)».

«De esta forma –continúa–, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República que señala que ‘el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana'».

«De este modo, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios en las que los jueces del fondo asilan su decisión, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional que ha debido ser reconocido por los jueces de la instancia al resolver la demanda intentada», añade.

«(…) en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a la víctima y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno», afirma la resolución.

En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que «el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado». Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado», concluye.

VER FALLOS (PDF)
Corte Suprema
ICA Concepción
Primera instancia

Ministro Carroza procesa a ex agentes de la dictadura por detención y tortura en Villa Grimaldi

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, sometió a proceso a tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos a Beatriz Alessandra Miranda Oyarzún, Alicia Ana Hinojosa Soto, Elena Orfilia Sánchez Cordero, Mirta María Compagnet Godoy, Sybil Marjorie Cleary Aceituno, Victoria Jeannette Villagrán Aravena, Marlene Luz Marina Leichtle Vargas, Claudio Antonio Herrera Sanhueza, Óscar del Tránsito de la Fuente Muñoz, Gilda de las Mercedes Bravo Riffo, Pedro Emeterio Caro Pagliali, Magdalena del Carmen Helguero Falcón, Dagoberto Mario Trincado Olivera y Juan Ernesto Segura Aguilar.

En resolución (causa rol 72-2016), el ministro Carroza procesó a los exagentes Miguel Krasnoff Martchenko, Fernando Eduardo Lauriani Maturana y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, como autores de los ilícitos perpetrados entre agosto de 1974 y enero de 1976.

Durante la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer, que las víctimas fueron detenidas en diversas fechas, entre 1974 y 1976, y lugares de la Región Metropolitana, y llevadas hasta el centro de detención clandestina de Villa Grimaldi, lugar donde fueron mantenidos fuera de toda orden legal y sometidas a apremios hasta su liberación.
Ver resolución (PDF)

Recibimos el Informe Anual, Situación de los Derechos Humanos en Chile, 2018

En el día de hoy, en el marco del encuentro para conocer el EPU 2018 del Estado de Chile, en el INDH de Punta Arenas, hemos recibido un ejemplar del Informe Anual, Situación de los Derechos Humanos en Chile, 2018.


El Informe Anual 2018 da cuenta de la situación de los derechos humanos en diversos ámbitos en Chile, y realiza recomendaciones a los diferentes poderes del Estado para garantizar de modo efectivo el ejercicio de los mismos sin discriminación, en cumplimiento con la Ley Nº 20.405.

La Introducción del Informe 2018 dice en parte:

«El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hace entrega de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos a 70 años de la Declaración Universal de los de Derechos Humanos, obligación que le impone la ley que le dio origen y que está definida en su artículo 3º que señala que le corresponderá: “Elaborar un Informe Anual, que deberá presentar al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema sobre sus actividades, sobre la situación nacional en materia de derechos humanos y hacer las recomendaciones que estime convenientes para su debido resguardo y respeto. Su Consejo deberá adoptar todas las medidas pertinentes destinadas a otorgar publicidad a dicho informe a la comunidad”.
Un hecho muy importante, en la dirección de fortalecer los derechos humanos, fue el anuncio en diciembre de 2017, de la aprobación del primer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) para el periodo 2018-2021, elaborado participativamente en 15 diálogos regionales con organizaciones de la sociedad civil, una jornada con pueblos indígenas y tribales, y una consulta digital. Este Plan quedó radicado en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (SDH), creada por la Ley 20.885, encargada de coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación. El PNDH contiene las medidas prioritarias a tomar por las autoridades para enfrentar los problemas de derechos humanos, las que se organizan en 15 objetivos, 50 metas y 634 acciones fundamentadas en las recomendaciones realizadas por el INDH y organismos internacionales de derechos humanos. Si bien aún se encuentra en tramitación en la Contraloría General de la República (CGR) para su toma de razón y está en revisión por parte de la SDH, su pronta implementación será un paso importante en la consolidación de este instrumento de política pública.»

La versión digital completa del Informe se encuentra en el siguiente link:

https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1173/informe-anual-2018.pdf?sequence=13

Declaración en el Día Internacional de los Derechos Humanos

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, en el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quiere señalar que lamentablemente nuestro país está lejos de cumplir integralmente el mandato de garantizar los Derechos Humanos para nuestro pueblo.

Hoy, a 28 años del término de la dictadura persiste la impunidad. Hasta el momento no se ha legislado para avanzar y reconocer como crímenes de Lesa Humanidad los actos deleznables ejecutados por agentes del Estado en contra de la población civil. Estos delitos son tratados por la Justicia como faltas comunes, existiendo cerca de mil Detenidos Desaparecidos sin que sus causas avancen en verdad y justicia. Al mismo tiempo, vemos con indignación como los tribunales liberan a criminales de Lesa Humanidad.

A esto se suma que los Derechos Humanos son vulnerados con torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre los que se encuentra la desaparición forzada de tres chilenos; entre ellos, el caso del niño mapuche José Huenante, de 16 años, quien fue detenido en septiembre del 2005 por carabineros y que se encuentra en calidad de desaparecido.

Denunciamos, al mismo tiempo, que el Estado chileno viola sus obligaciones con los niños y niñas que están a su custodia en el SENAME. También los estudiantes, que son detenidos por Carabineros, sufren tratos crueles y degradantes, existen acusaciones de torturas y vejaciones documentadas.

Denunciamos la represión criminal por parte de la policía, especialmente contra el Pueblo Mapuche, en donde sus miembros son detenidos, vejados, maltratados, y asesinados como ha ocurrido con Camilo Catrillanca, lo que avala y entrega fundamento a nuestra denuncia.

Declaramos que la Ley Antiterrorista, y que se sigue empleando contra las comunidades mapuche, viola las normas internacionales sobre garantías procesales. Pedimos el fin de la Ley Antiterrorista que fue promulgada por Pinochet y que continua vigente.

Denunciamos la campaña de discriminación, racismo y xenofobia que está implementando el gobierno del Presidente Sebastián Piñera con la comunidad inmigrante y rechazamos las deportaciones que, bajo el engaño y pretexto de un Retorno Voluntario, violan el derecho internacional a migrar.

Denunciamos y nos solidarizamos con los pobladores de Quintero-Puchuncaví quienes han denunciado  el genocidio ambiental y social que vive el territorio y que está siendo depredado bajo la lógica inhumana del capitalismo salvaje.  Así mismo, denunciamos la muerte, en extrañas circunstancias, del dirigente Alejandro Castro que se suma al asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez y del trabajador Nelson Quichillao López en los últimos años.

Finalmente, en este día, recordamos que todas las personas somos iguales ante la ley sea cual sea su origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición por lo tanto todas y todos, incluidos los inmigrantes, tenemos derecho a que se nos garantice los derechos consagrados expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Recordamos que los Estados están obligados a promover y respetar todos y cada uno de los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos los que tienen por fin proteger, justamente, la dignidad humana.

¡¡Verdad, Justicia y Memoria!!

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y SocialesPDF: Declaracion10deDICIEMBRE

Plan Nacional de Derechos Humanos, Chile – 2018 – 2021

Son más de 600 acciones por tus derechos: una ruta común que apunta a la garantía de los derechos de todas las personas que habitan en Chile, a través de acciones de 47 organismos gubernamentales y autónomos que se implementarán en el período 2018-2021.

El Plan Nacional de Derechos Humanos está contenido en la Ley 20.885 que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos.

https://planderechoshumanos.gob.cl/files/plan.pdf