23 de enero de 1919 – 23 de enero de 2019

Se cumplen 100 años de la revuelta obrera de los trabajadores del Frigorífico Bories y Puerto Natales.

Los obreros de Natales, exasperados por los contínuos atropellos a sus derechos sociales y laborales, por la prepotencia y la injusticia de eran objeto por parte de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y de los empresarios propietarios de la Casa Braun y Blanchard, se rebelaron contra sus patrones y procedieron a tomar el pueblo de Puerto Natales.

Murieron Carabineros y obreros la violenta refriega que se produjo.

Un proceso judicial recayó sobre los dirigentes obreros quienes sufrieron prisión y vejámenes durante 3 años.

Reclamaban, entre otros derechos, las 8 horas de trabajo. La historia enseña que con los derechos de los trabajadores no se juega.

Declaración pública de la Coordinadora de Mujeres de Punta Arenas tras denuncia de presuntas agresiones sexuales contra mujeres

Tras el reportaje publicado el pasado 19 de enero en la Revista Sábado de El Mercurio en donde se revelan reiterados casos de abuso sexual por parte del oncólogo Manuel Álvarez Zenteno, los que están actualmente en investigación por parte de la Fiscalía, y por los cuales Álvarez ya es legalmente imputado tras formalización de cargos el pasado 08 de enero, declaramos lo siguiente:

– Como Coordinadora de Mujeres de Magallanes, quienes tenemos como bandera de lucha la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, manifestamos nuestro categórico rechazo a que un profesional con estos antecedentes se esté desempeñando en el Hospital Clínico de Magallanes desde junio del año pasado, exponiendo así a mujeres de nuestra región a ser víctimas de un eventual condenado por abuso sexual.

– Lamentamos profundamente la mediocre respuesta que entregó durante la jornada de este martes el Hospital Clínico de Magallanes, quienes interpelando a la presunta inocencia, dejan entrever su pobre preparación en término de protocolos internos en casos de abuso sexual dentro de un establecimiento público, y más aún cuando la persona bajo investigación judicial ejerce directamente con pacientes mujeres, ante lo cual creemos firmemente que el procedimiento a seguir en este caso debiese ser el que se aparte a Álvarez Zenteno de sus funciones hasta el total y completo esclarecimiento de los hechos y una sentencia ejecutoriada.

– Denunciamos la nula información que el recinto hospitalario ha entregado a sus pacientes especialmente a mujeres, a quienes no se les ha provisto la información necesaria para poder decidir adecuadamente respecto a la idoneidad del profesional que las atiende en procesos tan delicados como enfermedades oncológicas. De ser eventualmente condenado, el Hospital Clínico será responsable de haber dejado a merced de un abusador sexual a magallánicas que por sus enfermedades se encuentran en condición de vulnerabilidad.

– Reiteramos, como en tantas otras ocasiones en donde siempre se busca justificar a un agresor, que su supuesta condición de “eminencia médica” no le da ningún derecho, ni acredita las acciones de este profesional, y nos indigna comprobar que la permanente falta de especialistas en el principal recinto hospitalario de Magallanes, sea argumento para que el currículum de un facultativo sea más importante que la seguridad de las mujeres.

– Repudiamos los hechos de abuso por los que está siendo investigado este doctor, lo cuales reflejan casos típicos en donde la relación asimétrica doctor-paciente, es aprovechada desde su posición de autoridad y desigualdad para violentar a víctimas en condición de extrema vulnerabilidad -algunas de ellas con cáncer terminal- y hacemos un llamado a todas las mujeres que se atienden con este imputado, que de requerirlo y de acuerdo a los Derechos del Paciente, pueden solicitar el cambio de médico tratante.

Como Coordinadora de Mujeres de Magallanes interpelamos a las autoridades regionales a tomar una posición activa en la defensa de los derechos de las mujeres, y demandamos a la Seremía de Salud, al Servicio de Salud de Magallanes y al Hospital Clínico de Magallanes a tomar todas las acciones que sean necesarias para enmendar estos hechos, porque si bien la presunción de inocencia es un derecho, éste no puede estar por sobre la protección de personas vulnerables que actualmente están en riesgo. Y por lo tanto exigimos el cese de funciones de este especialista y el contacto directo con personas, hasta el término de la investigación judicial.

Chile rindió informe anual 2018 ante Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Un encuentro informativo organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Magallanes tuvo lugar esta tarde de martes 22 de enero en Punta Arenas.

En la ocasión los asistentes tuvieron oportunidad de presenciar en diferido desde Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, la presentación de la delegación chilena del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, EPU 2018.

El Examen Periódico Universal (EPU) es el único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU.

Bajo este mecanismo, la situación de derechos humanos de todos los Países miembros de ONU es revisada cada 5 años. 42 Estados son revisados cada año durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo dedicadas a 14 Estados cada una. Estas 3 sesiones se celebran normalmente en enero/febrero, mayo/junio y octubre/noviembre.

El resultado de cada revisión es reflejado en un «informe final» que lista las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.

El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas claves:

  1. El examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado.
  2. La implementación entre dos revisiones (5 años) por el Estado examinado de las recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos;
  3. Informar en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior.

Al encuentro asistieron invitados representantes de la Agrupación de DDHH Orlando Letelier, la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares, del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Magallanes y de la Fundación Selenna Magallanes.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CLIndex.aspx

http://webtv.un.org/search/chile-review-32nd-session-of-universal-periodic-review/5992388055001/?term=chile&sort=date

A la cárcel fueron enviados los presuntos implicados en ataque homofóbico perpetrado en Porvenir el 1° de enero pasado

Por más de cuatro horas se extendió la audiencia de formalización en contra de Juan Pablo Vilches de 36 años, y Nelson Aguilar Gómez de 18, sujetos que fueron detenidos por la Brigada de Homicidios de la PDI en Porvenir este lunes w21 de enero, por su presunta participación en las quemaduras sufridas un hombre de 57 año y que, según acusó la familia de la víctima, habría tenido motivaciones homofóbicas.

A los imputados se les acusó por los delitos de homicidio calificado en grado frustrado y lesiones menos graves.

En la audiencia efectuada en el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, se estableció que los imputados el 1 de enero quemaron a José Muñoz Varga, sumergiéndolo desnudo en una tina con agua hirviendo mientras que a Sergio Barría, la segunda víctima, no lo pudieron despojar de sus prendas, arrojándole el agua directamente.

Según la Fiscalía el argumento de los imputados era que las víctimas después de haber mantenido relaciones sexuales quedaron sucias. Ambos sujetos fueron enviados a prisión preventiva estableciéndose un plazo de investigación de 120 días. El abogado defensor Juan Carlos Rebolledo en virtud de los resuelto por el Juez, solicitó que sus representados sean trasladados a la cárcel de Punta Arenas.

Trabajadores de ENAP Magallanes protestaron ante anuncios de despidos masivos en la estatal

Funcionarios de las distintas instalaciones de ENAP Magallanes protestaron por el despido de más de 400 personas, en un plan de recorte que fue anunciado por la nueva administración.

Los manifestantes ingresaron a sus puestos 30 minutos después de lo estipulado, como  medida de rechazo a los despidos.

«Encontramos impresentable que se haya tomado la decisión de desvincular sin antes dar a conocer cuál será el plan estratégico a implementarse en los próximos años y la estructura nacional que permita garantizar su cumplimiento», puntualizó el presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales, Guido Kusanovic.

De no tener una respuesta satisfactoria por parte de la estatal, los empleados continuarán con las movilizaciones, con el propósito de proteger sus fuentes laborales y a sus familias.

Denuncian acto de discriminación contra ciudadana dominicana nacionalizada chilena en Punta Arenas

El pasado 10 de enero Ysbelia, una dominicana nacionalizada chilena fue víctima de un acto de discriminación y agresión mientras trabajaba. Según cuenta, mientras atendía a una clienta que reclamaba por estar reportada en Dicom debido a un pago que no habría realizado de la tienda, perdió el control, acudiendo a palabras denigrantes por ser extranjera y propinándole un golpe en su mano. Tras el hecho, pudo poner la denuncia en la Fiscalía.

Sin embargo, es común escuchar frases como: tenía que ser colombiano, este negro tal por cual, nos están quitando el trabajo, entre otras de mayor calibre. Y ninguna de estas expresiones o actos despectivos como pedir no ser atendidos por un extranjero, son sancionados. En Chile existe la Ley Zamudio que sanciona las diversas manifestaciones de discriminación pero solo bajo el contexto de otro delito. Por eso solo existen dos casos en la región relacionados a esta norma.

Y es que, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Derechos humanos en 2017, reconoce que en el país existe una fuerte xenofobia, que es un tipo de discriminación. De los 2.047 encuestados de todo el país,  un tercio piensa que la mayoría o gran parte de los chilenos son  “más blancos o desarrollados  que otras personas de países latinoamericanos” y un 16 por ciento que las personas migrantes son sucias.

En Magallanes los argentinos, colombianos y venezolanos llevan la delantera en cuanto a migración se refiere. Y pese a ser un fenómeno que está en aumento, tanto la Fiscalía como el INDH reconocen que falta mayor educación para evitar que este tipo de actos sigan sucediendo y sean aceptados.

Fuente: ITV Noticias, Punta Arenas.

Grave agresión de carácter homofóbico fue cometida el 1 de enero en Porvenir, Tierra del Fuego

El pasado martes 1 de enero, un hombre identificado como José David Muñoz (60) y otro sujeto fueron forzados a sentarse en una tina con agua hirviendo por dos personas que hasta el momento permanecen en libertad. El primero se encuentra internado de gravedad en el Hospital Clínico de Magallanes, mientras que el otro se encuentra en mejor estado hospitalizado en Porvenir.

Erin Ruiz, sobrina de Muñoz, aseguró que se trata de “un ataque homofóbico por la condición sexual” de su tío. “Nosotros nos enteramos al momento en que lo fuimos a ver y nos contó que dos personas llenaron una tina de agua hirviendo y lo sentaron ahí. En este momento tiene comprometido el recto, los intestinos y sus partes intimas“, comentó la joven.

Las graves lesiones que sufrió el hombre lo tienen bajo la supervisión de la Unidad de Cuidados Intensivos del centro de salud, con un diagnóstico poco alentador.

Este viernes la familia del afectado comenzará a hacer las diligencias ante la Fiscalía para buscar justicia por la agresión a este hombre. “Mi tío nos dio los nombres de las personas involucradas y los puede identificar perfectamente. Nosotros estamos ahora haciendo las denuncias correspondientes, porque Carabineros de Porvenir no nos dio ninguna respuesta”, aseguró la familiar.

Fallo del Ier Juzgado Civil de Punta Arenas ordena al Fisco cancelar indemnización por detención y tortura en favor de ex preso político de isla Dawson en 1973

El Primer Juzgado Civil y de Letras de Punta Arenas acogió hoy jueves 20 de diciembre la demanda de indemnización de perjuicios presentada por Arturo Villegas Guichacoy, ex preso político del campo de concentración de Isla Dawson y otros recintos militares, y ordenó al Fisco pagar $130.000.000 por concepto de indemnización por daño moral -a causa de detención ilegal, torturas y pérdida del año escolar- sufrido en 1973. 

En causa rol C-835-2017, el juez Claudio Neculmán acreditó que “existe un reconocimiento legal del demandante como víctima de violaciones de derecho humanos conforme a lo prescrito en el artículo 1° de la ley 19.992, ley Valech, que dispone el otorgamiento de una pensión anual a las personas individualizadas en el ‘Listado de Prisioneros Políticos y Torturados’ que forma parte del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, nómina N° 9568 de 2011 en la cual figura el demandante, al que también reconoce como víctima de tortura y confinamiento en los recintos de detención de prisioneros políticos en Magallanes. El fallo precisa que “entendiendo el daño moral como todo detrimento o menoscabo que por hecho o culpa de otro la víctima sufre en sus intereses extrapatrimoniales, resulta que los tratos crueles e inhumanos que se dan por acreditados, y que configuran la tortura de que fue objeto el actor, impetrados con el sólo objeto de obtener una supuesta información o una confesión y de castigarlo por estimar que pertenecía a movimientos de la izquierda política, no afines a la dictadura que imperaba en la época, causaron en el daño positivo o efectivo tanto en su esfera física, -lesiones en todo su cuerpo y lesión en una de sus rodillas como lo refieren los testigos-, como en su esfera mental, -dolor, miedo intenso y ansiedad, entre otros-, que lo menoscabó en su dignidad como ser humano, llegando incluso a su cosificación por parte de los agentes del Estado como se demuestra del relato del actor, refrendado por el certificado de la Cruz Roja de fecha 02 de febrero de 2017 que se acompañó a los autos, toda vez, que en el campo de prisioneros políticos de Isla Dawson fue despojado de su nombre pasando a denominarse “Bravo 10”. Continúa el fallo: “A lo señalado debe agregarse que a la época de la detención ilegal, torturas y perdida del año escolar, el actor era menor de edad, con tan solo 17 años, si consideramos que a la sazón la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años, cuestión que no puede soslayarse al apreciar la dimensión del daño y consecuencialmente la indemnización del mismo”. VER PDF

Trabajadores migrantes sufrían precarias condiciones laborales y habitacionales en un establecimiento comercial chino en Punta Arenas

Se detectaron graves violaciones a los derechos humanos y laborales de trabajadores migrantes haitianos, venezolanos y chinos.

La situación se constató gracias a una fiscalización que realizó la gobernación de Magallanes, luego de recibir algunas denuncias que sospechaban sobre las precarias condiciones laborales y de higiene en la que se encontraban los ciudadanos extranjeros que ejercían labores al interior del recinto, ubicado en avenida Frei N° 770 en el sector Norte de Punta Arenas.

En Punta Arenas, el pasado 17 de diciembre 2018, se efectuó una fiscalización multisectorial, que organizó la gobernación de Magallanes, al mall chino de Punta Arenas ubicado en Avenida Frei #770, ocasión en la que Oficiales del Departamento de Extranjería y Policía Internacional PDI Punta Arenas, junto a detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, Carabineros de Chile, seremi de Salud, Trabajo y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En la oportunidad, se pudo detectar que algunos de los ciudadanos extranjeros, se encontraban pernoctando en el local en precarias condiciones de salubridad. Los detectives controlaron a 12 personas extranjeras, de las cuales cuatro se encontraban infringiendo la Ley de Extranjería: dos por trabajar de manera irregular (un ciudadano chino y un haitiano) y dos hombres de nacionalidad china que no habían efectuado el cambio de domicilio en los plazos establecidos. 

Se comprobó además, que estos trabajadores migrantes pernoctaban en un recinto comercial bajo llave.

El gobernador provincial de Magallanes, Nicolás Cogler, manifestó que junto a la Policía de Investigaciones, sospechan de que este sea un caso de tráfico de migrantes con fines de explotación laboral, lo cual será investigado acuciosamente, detallando que: “encontramos dormitorios de personas que habían trabajado muchísimas horas al día, habían más de 6 dormitorios en este mall, donde la gente viene a comprar, a hacer sus compras de navidad, le quiero decir a todas las personas, que aquí viven trabajadores, viven personas que trabajan más de 14 horas todos los días, tenemos dos denuncias. Estamos realizando junto a la seremi de Salud una fiscalización a todas las instalaciones. Vimos que en condiciones deplorables vivían personas y eso, nosotros no lo vamos a permitir, porque nuestra legislación lo prohíbe, esto no es normal y hay que decirles a las personas que vivían en estas condiciones, que en Chile, así no se vive, tenemos legislaciones que lo prohíben, que regulan los horarios de trabajo”.

Junto a esto, la seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, explicó que se fiscalizó el cumplimiento del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo D.S. N° 594, iniciándose un sumario sanitario contra este recinto comercial al detectarse diversos incumplimientos de la normativa, entre los que se encontraron deficiencias en las condiciones de limpieza y mantención del recinto, zonas de tránsito con presencia de obstáculos, no se han tomado las medidas necesarias para el control de vectores, no contar con lugar habilitado para comedor de trabajadores, vías de evacuación obstaculizadas, falta de extintores, entre otras.

Respecto a la situación laboral y contractual de los trabajadores la seremi de la cartera, Victoria Cortés, expuso que aún no hay resultados al respecto, ya que es materia de análisis, enfatizando en que, “por el momento, no podemos entregar ninguna información adicional con respecto al resultado de esta fiscalización, por cuanto el informe está en proceso de evacuación. No obstante, desde esta secretaría y como cartera del trabajo hacemos el llamado a los trabajadores y a la comunidad magallánica en general a continuar denunciando cualquier posible irregularidad de tipo laboral que visualicen pues es la única manera de que podamos intervenir y sancionar en caso de constatarse eventuales vulneraciones”.

Las observaciones emanadas desde la seremi de Salud, deben ser subsanadas a más tardar el día viernes, de lo contrario, el local deberá cerrar sus puertas al público, igualmente la SEC encontró irregularidades, sobre todo en las luces que venden, las que no poseían la certificación correspondiente para su comercialización.

PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUNTA ARENAS ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A VÍCTIMA DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El Primer Juzgado Civil y de Letras de Punta Arenas acogió la demanda de indemnización de perjuicios y ordenó pagar $130.000.000 por concepto de indemnización por daño moral -a causa de detención ilegal, torturas y pérdida del año escolar- sufrido en 1973 por Arturo Villegas. 

En causa rol C-835-2017, el juez Claudio Neculmán acreditó que «existe un reconocimiento legal del demandante como víctima de violaciones de derecho humanos conforme a lo prescrito en el artículo 1° de la ley 19.992, ley Valech, que dispone el otorgamiento de una pensión anual a las personas individualizadas en el ‘Listado de Prisioneros Políticos y Torturados’ que forma parte del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura», nómina N° 9568 de 2011 en la cual figura el demandante, al que también reconoce como víctima de tortura y confinamiento en los recintos de detención de prisioneros políticos en Magallanes. 

El fallo precisa que «entendiendo el daño moral como todo detrimento o menoscabo que por hecho o culpa de otro la víctima sufre en sus intereses extrapatrimoniales, resulta que los tratos crueles e inhumanos que se dan por acreditados, y que configuran la tortura de que fue objeto el actor, impetrados con el sólo objeto de obtener una supuesta información o una confesión y de castigarlo por estimar que pertenecía a movimientos de la izquierda política, no afines a la dictadura que imperaba en la época, causaron en el daño positivo o efectivo tanto en su esfera física, -lesiones en todo su cuerpo y lesión en una de sus rodillas como lo refieren los testigos-, como en su esfera mental, -dolor, miedo intenso y ansiedad, entre otros-, que lo menoscabó en su dignidad como ser humano, llegando incluso a su cosificación por parte de los agentes del Estado como se demuestra del relato del actor, refrendado por el certificado de la Cruz Roja de fecha 02 de febrero de 2017 que se acompañó a los autos, toda vez, que en el campo de prisioneros políticos de Isla Dawson fue despojado de su nombre pasando a denominarse «Bravo 10». 

Continúa el fallo: «A lo señalado debe agregarse que a la época de la detención ilegal, torturas y perdida del año escolar, el actor era menor de edad, con tan solo 17 años, si consideramos que a la sazón la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años, cuestión que no puede soslayarse al apreciar la dimensión del daño y consecuencialmente la indemnización del mismo».

Lea aquí texto completo del fallo:

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