Archivo de la categoría: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

La actualidad de la barbarie pinochetista

La publicación del fallo en primera instancia del caso por el homicidio de Eduardo Frei Montalva, golpea la conciencia de los chilenos, de la nación, de la República., porque nos recuerda una vez más con toda su crudeza y brutalidad la barbarie fascista, la barbarie del pinochetismo que vivimos como sociedad.

La derecha política y empresarial en 1982 participaba directa e indirectamente en el gobierno del dictador y su banda de asesinos y cuando ocurrió el crimen del Presidente Eduardo Frei Montalva, guardaron cómplice silencio.

Frente a la lectura del fallo del Juez Madrid solo cabe una convicción que resulta de las evidencias: en el crimen de Eduardo Frei Montalva participaron agentes de la CNI, sujetos que formaban parte de la policía política secreta de la dictadura de Pinochet, lo que indica claramente que la operación que culminó con su muerte, era una acción premeditada de inteligencia para eliminar al principal lider opositor a la dictadura.

Nos llama profundamente la atención que los profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile no tuvieron ninguna objeción de conciencia para participar en el asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva.

La derecha política y empresarial chilena que es, en realidad, la misma oligarquía burguesa dedicada a los negocios de la política y la política de los negocios, tiene en su sombrío historial del siglo XX una suma de crímenes políticos de alta relevancia: asesinaron al Comandante en Jefe del Ejército René Schneider, al general Carlos Prats González ex comandante en Jefe del Ejército, al excanciller de Chile Orlando Letelier y al Presidente Eduardo Frei Montalva.

El asesinato de Eduardo Frei Montalva es el segundo crimen político en la historia de Chile republicano, comparable con el homicidio del Ministro Diego Portales, pero además se trata de un magnicidio perpetrado y organizado por la dictadura civico militar de Pinochet. Y nunca hay que olvidar que sus responsables civiles y militares y sus seguidores, no han sido capaces de asumir enteramente su responsabilidad moral y política por este crimen.

El régimen dictatorial pinochetista ha quedado registrado en la Historia de Chile como el período de mayores violaciones a los Derechos Humanos: dos graves crisis económicas con altas cifras de desempleo y aumento de la pobreza, corrupción organizada y robo sistemático de bienes públicos, asesinatos políticos, detenciones masivas y represión policial intensiva, aplicación sistemática de torturas y otros tratos inhumanos y degradantes, ejecución de crímenes de lesa humanidad, exilio de varios miles de ciudadanos, asesinato y desaparición forzada de compatriotas.

En aquel contexto, tiene perfecto sentido considerar que el crimen del Presidente Eduardo Frei Montalva califica como un crimen de lesa humanidad.

Los derechos humanos en Chile constituyen todavía una de las más grandes deudas históricas con el pasado y con el presente, con cientos de miles de víctimas y sus familias, ya que las violaciones a estos derechos siguen ocurriendo en nuestro país, a pesar de lo avanzado en justicia, reparación y memoria.

Punta Arenas – Magallanes, 30 enero 2019.-

OBSERVATORIO CIUDADANO DE DERECHOS HUMANOS DE MAGALLANES Y LA PATAGONIA.

El Presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado por la dictadura cívico-militar – Texto completo del fallo

MINISTRO ALEJANDRO MADRID DICTA SENTENCIA POR HOMICIDIO DE EX PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid Crohare, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por la muerte del ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva.

El magistrado sentenció a un empleado civil de la Central Nacional de Informaciones (CNI), al ex chofer de Frei Montalva y a médicos por sus responsabilidades en el  homicidio del Jefe de Estado, hecho ocurrido el  22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María de Santiago,  luego de una intervención quirúrgica a la que se sometió meses antes del deceso.

El magistrado condenó al médico Patricio Silva Garín a la pena efectiva de 10 años años de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad como autor del delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 número 2 del Código Penal.  En tanto, se condenó como coautores  del mismo delito a Luis Becerra Arancibia (chofer personal del mandatario e informante de la CNI) y Raúl Lillo Gutiérrez (agente civil de la CNI) a  la pena efectiva de siete años de presidio mayor en su grado mínimo.

Además, el ministro Madrid sentenció al médico Pedro Valdivia Soto a la pena efectiva de  cinco años de presidio menor en su grado máximo por su responsabilidad como cómplice del mismo hecho  y a los  tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere a las penas de 3 años de presidio menor en su grado medio en calidad de encubridores, pena que deberán cumplir mediante la remisión condicional.

Fuente: Poder Judicial.

El examen de Chile ante Naciones Unidas – Lorena Fries – Cooperativa

El Examen Periódico Universal (EPU) es siempre una posibilidad de mirar lo que como Estado hemos hecho por avanzar en el campo de los derechos humanos. Delegaciones de gobierno y de sociedad civil se enfrentan en un diálogo constructivo en el seno del Consejo de Derechos Humanos, para evaluar lo acometido en periodos regulares de cuatro años y proyectar los cuatro años que vienen. Se trata del foro político de Estados más importante en materia de derechos humanos y un elemento importante en las relaciones internacionales. 

Al gobierno de Chile correspondió presentar los avances de los últimos cuatro años por lo que el primer ejercicio que tuvo que hacer el gobierno fue asumir, como propios, los avances y problemas en derechos humanos del gobierno anterior a lo que se suman los avances y problemas en el último año del actual gobierno.

A modo de resumen se puede señalar que Chile fue felicitado por sus avances en materia de institucionalidad de derechos humanos y por la adopción del Plan Nacional en la materia. Las situaciones críticas se encuentran en el ámbito de la no discriminación y la violencia policial. 

En efecto, los Estados, junto con felicitar dichos avances, hicieron recomendaciones respecto de situaciones que vieron cómo críticas.

En primer lugar, la relación del Estado con los pueblos indígenas y particularmente con el pueblo mapuche, se le representó a Chile en más de 40 intervenciones tanto en relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista y criminalización de sus representantes, como respecto de sus derechos a participación y a su reconocimiento constitucional.

Respecto de los derechos de las mujeres, se recomendó al Estado hacer los esfuerzos necesarios para que las mujeres puedan acceder a las instancias de representación a nivel regional y local, a avanzar hacia la despenalización absoluta del aborto y a limitar la objeción de conciencia a personas naturales.

La inmigración fue otro de los focos de recomendaciones y el llamado fue a su protección y reconocimiento de derechos, previniendo la xenofobia e incluso los brotes de racismo, en el marco de respeto y garantía de sus derechos humanos, cuestión que el actual proyecto en discusión no cumple.

La situación de niños y niñas en el país también llamó a la preocupación de los Estados los que sugirieron redoblar los esfuerzos para contar con un sistema de protección integral de los derechos de la niñez.

Las denuncias sobre abusos policiales en el uso de la fuerza venían siendo denunciados ya en el EPU anterior, pero adquirieron una relevancia mayor en el seno de Naciones Unidas con el asesinato de Camilo Catrillanca.

Los Estados recomendaron hacer esfuerzos urgentes por terminar con este tipo de situaciones que en casos han derivado en tortura, malos tratos e incluso la muerte. Todas cuestiones sabidas, y representadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos a los gobiernos, que debieran abordarse desde un marco de derechos humanos tratando de dejar fuera los cálculos y oportunismos políticos. 

Como nunca antes, organizaciones a lo largo del país se movilizaron para hacer llegar sus informes a quienes debían evaluar el desempeño de Chile en derechos humanos.

Si el 2013 eran dos las organizaciones, este 2019 fueron 62 dando cuenta del creciente interés por participar y capacidad técnica de las mismas en sus presentaciones.

Se esperaba que el Gobierno diera al EPU la misma relevancia, sin embargo y a pesar de la presencia de la Subsecretaria de Derechos Humanos, en la delegación no participó ningún ministro, como ha sido la tónica en todos los exámenes y gobiernos anteriores.

Se trata de gestos que en el campo internacional tienen un peso más allá del récord del país.

Así mismo se extrañó la ausencia de un representante de la Cámara de Diputados y parece que el poder legislativo no sabe que tiene obligaciones en materia de derechos humanos las que derivan de los Tratados que el organismo ratifica.

La participación del Senador Alejandro Navarro y del ministro de la Corte Suprema fueron relevantes para darle a la delegación un status de Estado que esperamos empiece a consolidarse a futuro.

En efecto, las comisiones de derechos humanos, tanto de la Cámara como del Senado que, hasta ahora, inexplicablemente se han restado, debieran empezar a monitorear lo que presenta el poder Ejecutivo, en representación también del parlamento en las instancias internacionales, muchas veces incluso responsabilizándolos de la falta de avances en materia legislativa.

Lorena Fries.

Plataforma nacional de derechos humanos para el siglo xxi – chile, marzo 2008

A un año de la muerte del dictador Augusto Pinochet Ugarte, autor de las mayores atrocidades y atropellos a los Derechos Humanos en Chile, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reunidas en el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos entre los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2007, en las aulas de la Universidad de Santiago de Chile, ex Universidad Técnica del Estado, hemos sentado las bases de la Plataforma de Derechos Humanos que guiara nuestras luchas en el siglo XXI.

El Congreso Nacional de Derechos Humanos congregó a 350 representantes de distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos del país; de los cuales 140 correspondieron a regiones y pueblos de Chile; 10 delegados provenientes de Suecia, Alemania, Francia, Austria y Australia, los que participaron en representación de los chilenos en el exterior; y 200 delegados de la región Metropolitana. 

Por primera vez se integraron públicamente en el debate social, las distintas dimensiones de los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos.

Venezuela: Alta Comisionada de DDHH de la ONU Michelle Bachelet condena las muertes e insta a las partes a actuar con moderación y entablar el diálogo para frenar la espiral de la crisis

GINEBRA (25 de enero de 2019) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este viernes y llamó a realizar una investigación efectiva de los actos que han provocado numerosas muertes y lesiones durante la última semana de protestas. Asimismo, instó a todas las partes a iniciar inmediatamente un diálogo que permita distender el clima de enfrentamiento cada vez más incendiario que pesa sobre el país.

Según informes de fuentes locales fidedignas, al menos 20 personas habrían muerto como consecuencia de disparos con armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados pro-gubernamentales durante las manifestaciones del martes y miércoles. Muchas otras personas han sido heridas por disparos de balas, perdigones y proyectiles de goma.

“Cualquier incidente violento que resulte en personas muertas o heridas tiene que ser investigado de manera independiente e imparcial para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por las autoridades, o si el crimen fue cometido por miembros de grupos armados, ya sean pro-gubernamentales o no”, dijo la Sra. Bachelet. “Estoy extremadamente preocupada de que la situación en Venezuela pueda escalar rápidamente en una espiral sin control y con consecuencias catastróficas”.

La Alta Comisionada dijo que su Oficina ha recibido informes de detenciones a gran escala de manifestantes –más de 350 personas en total, incluyendo 320 sólo el 23 de enero- y que también ha recolectado información sobre allanamientos de viviendas en algunas de las áreas más pobres de Caracas, donde se han registrado al menos 180 protestas durante esta semana.

Bachelet advirtió que es vital prevenir una repetición de los patrones de represión que fueron documentados por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017,* como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias generalizadas, restricciones a la libertad de reunión y de expresión y allanamientos y ataques indiscriminados en contra de viviendas. 

Por ello, instó a las autoridades de Venezuela, especialmente a las fuerzas de seguridad, a ejercer moderación y a respetar el derecho fundamental de toda persona a la libertad de expresión y de reunión pacífica. También recordó que “el uso excesivo, desproporcionado o indiscriminado de la fuerza está clara e inequívocamente prohibido por el derecho internacional”.

También pidió que se respeten las garantías procesales en el caso de todas las personas detenidas y que se ponga inmediatamente en libertad a toda persona detenida por ejercer sus derechos humanos.

La Alta Comisionada exhortó a los dirigentes políticos del Venezuela a que inicien de inmediato conversaciones con el fin de distender la situación y encontrar una solución práctica y duradera a la prolongada crisis social, política y económica del país. Dijo que es vital que las autoridades se abstengan de cerrar cualquier vía de diálogo restante mediante la persecución penal de los líderes políticos y sociales, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional.

“Más de tres millones de venezolanos han huido del país, muchos millones más viven en condiciones totalmente miserables”, observó. “¿Qué más se necesita antes de que los líderes políticos antepongan el bienestar de su pueblo a sus propios intereses? Esto es, en el fondo, una crisis de gobernabilidad, y es responsabilidad de los líderes del país poner fin a esta situación desastrosa”.

Fuente: ACNUDH

Tribunal de Santiago condenó al Fisco a pagar indemnización a ex prisionero político por detención y torturas

El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a un prisionero político sometido a apremios en distintos recintos militares, en 1974. En fallo (rol 6.659-2018) la jueza Juana Álvarez Arenas estableció que corresponde reparar el daño moral por la responsabilidad del Estado en un crimen de lesa humanidad. “Que es menester, por tanto, analizar la segunda excepción alegada por la demandada, cual es la “prescripción extintiva” de la acción incoada.

Al respecto, debemos reseñar que resulta necesario tener presente que nos encontramos frente a graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en la presente sentencia en su parte expositiva y en los diversos testimonios vertidos, ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste”, dice el fallo. 

Agrega que: “Teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que nuestra acción en estudio sí está sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito”. 

Además se considera que: “Así, en el caso sub lite, la detención ilegal y tortura a las que fue sometido el demandante, ocurridas en un contexto excepcional, constituyen en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo en forma extrajudicial, al margen de la juridicidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de Ius Congens, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna”.

 VER FALLO (PDF)

Pescadores artesanales de la jibia se refieren a promulgación de la ley respectiva

Desde que este miércoles 23 de enero se conociera la decisión del gobierno de no objetar la denominada “Ley de la Jibia”, distintas organizaciones del sector han emitido declaraciones para manifestar su reacción.

Para más información: >> Mayor exportadora de jibia no descarta acciones judiciales

Ahora fue el turno de Pascual Aguilera en nombre de la Coordinadora Nacional de Jibieros; Hernán Cortés por parte del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp); Elías Marambio, quien es dirigente de los pescadores de la región de Coquimbo; Miguel Ángel Hernández de la Federación Nuevo Amanecer; David Castro de la Coordinadora de Jibieros del Biobío; Saúl Lagos de la Cooperativa de Boteros de Lebu, y Hernán Machuca de Siarpesca La Araucanía.

A continuación reproducimos íntegramente la declaración firmada por dichos dirigentes:

“1. Es un triunfo para Chile que la ley que elimina la pesca de arrastre e incorpora el uso de línea de mano o potera para la captura de la jibia vaya a ser promulgada en el breve plazo, tal como lo indicó el ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. No solo porque beneficia al sector artesanal, sino porque da un paso gigantesco en pos de la sustentabilidad de los recursos pesqueros que deben pertenecer a todos los chilenos.

2. Es positiva la reacción del gobierno que legitima al Congreso al retirar el veto. Esta no debiera ser razón de enojo de la industria pesquera, porque los legisladores están haciendo su trabajo de cara al país.

3. Este nuevo Congreso, que ya no está ‘capturado’ por la industria pesquera, aprobó transversalmente y por una abrumadora mayoría la iniciativa. Este proceso se hizo ceñido a la ley, en forma transparente y democrática, y escuchando a todos los actores y opiniones técnico-científicas, tal como quedó registrado en el proceso.

4. Con las lamentables declaraciones de la Asipes donde insisten en los efectos que la norma tendrá para el país, y generan una falsa alarma productiva, no hacen más que ratificar que la industria pesquera solo está contenta cuando se hace los que ellos quieren, tratando de revivir viejas prácticas que hoy están siendo investigadas por el Ministerio Púbico.

Para más información lea lo siguiente: >> [EN-ES] Industriales por “Ley de la Jibia”: “Es una burla y un testimonio feroz del populismo”

5. La norma es constitucional. El Congreso por amplia mayoría, al igual que nuestros asesores legales y el gobierno así lo determinaron, y el hecho que este último no hubiera recurrido al Tribunal Constitucional, es también prueba de lo mismo.

6. Volvemos a reiterar que no están en juego los derechos de la industria pesquera, porque mantienen la cuota de 20% establecida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) desde el año 2012. Tampoco -si cumplen con la norma- está en juego la fuente laboral de sus trabajadores. Tal como ocurre en otros países, la industria debe modernizar su flota y tecnificar sus procesos.

Para más información les la siguiente información: >> “Ley de la Jibia”: Trabajadores pesqueros deciden nuevas acciones

En este punto, no hay que olvidar que el total de barcos que pescan con arrastre en el país para la captura de la jibia son siete, embarcaciones que también son utilizadas para la pesca de otros recursos. Esto fue ratificado por los trabajadores del sector tras reunión con el ministro Valente. Por tanto, hablamos de 119 puestos de trabajos que no están en riesgo, porque solo dejarían de pescar jibia manteniendo el 100% de las restantes pesquerías.

7. Indicar que mientras el arrastre da empleo a unas decenas de personas, pescar con línea de mano o potera generará cientos, sino miles de empleo y reactivará a las pequeñas pymes que se han ido perdiendo por la escasez de recursos, debido a la pesca de arrastre.

Lea >> Gremio de plantas procesadoras entrega su postura ante “Ley de la Jibia”

8. La pesca artesanal ha dado su palabra que, tras la promulgación de la norma, se establecerá un diálogo para regular otros aspectos relacionados con el recurso y que hoy no están normados por ley.

9. Reiteramos que la pesca artesanal hoy está más unida que nunca para enfrentar los siguientes desafíos, como es la nulidad de la Ley de Pesca. Sabemos que terminar con los privilegios de unos pocos permitirá desarrollar al sector artesanal, abrir un mercado que está ‘capturado’ por siete familias, lo que traerá beneficios para nosotros, los trabajadores y todos los chilenos”.

Más información: >> Fedepes: “Esperamos que el gobierno cumpla su compromiso de perfeccionar la ‘Ley de la Jibia’”

Información adicional y relacionada: >> No solo la jibia: Sostienen que el arrastre se debe eliminar en todas las pesquerías*

Fuente: Aqua.

Declaración pública – Ricardo Palma Salamanca

Soy hombre libre desde 1996 desde que escapé desde las cárceles del Estado volando junto a tres hombres más. Desde ese día he sido un hombre libre.
Hoy sigo libre pero las condiciones actuales me han devuelto la tranquilidad perdida hace décadas por haber sido miembro de la resistencia en contra de la mentira, la barbarie y la traición.

Chile sufrió eso y muchos de mis hermanos no pudieron llegar al final del camino. Hoy vuelvo al origen de una vida, pero con la carga indescifrable de una vereda llena de experiencias. Ha vuelto la tranquilidad perdida.

Es el final de un largo camino, el final de una forma de relacionarse con la realidad. Ha vuelto la tranquilidad perdida no el tiempo perdido, por qué el tiempo no se pierde, se vive como sea.

Gracias absolutamente todos los que hicimos parte de esta fiesta a todos aquellos que estuvieron en cada rincón para que la celebración sea un patrimonio colectivo, que esta fiesta sea la reivindicación de los que no alcanzaron a llegar al final de la ruta. Por todas las ignominias e injusticias de una historia compartida y construida por todos.

Ricardo Palma Salamanca
París, 23 de enero de 2019

23 de enero de 1919 – 23 de enero de 2019

Se cumplen 100 años de la revuelta obrera de los trabajadores del Frigorífico Bories y Puerto Natales.

Los obreros de Natales, exasperados por los contínuos atropellos a sus derechos sociales y laborales, por la prepotencia y la injusticia de eran objeto por parte de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y de los empresarios propietarios de la Casa Braun y Blanchard, se rebelaron contra sus patrones y procedieron a tomar el pueblo de Puerto Natales.

Murieron Carabineros y obreros la violenta refriega que se produjo.

Un proceso judicial recayó sobre los dirigentes obreros quienes sufrieron prisión y vejámenes durante 3 años.

Reclamaban, entre otros derechos, las 8 horas de trabajo. La historia enseña que con los derechos de los trabajadores no se juega.