Corte Suprema condena al Fisco a pagar indemnización a víctima de torturas en Concepción

CORTE SUPREMA CONDENA AL FISCO A PAGAR INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMA DE TORTURAS DE CONCEPCIÓN

La Corte Suprema acogió recurso de casación y condenó al Fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a víctima de apremios ilegítimos. Ilícito perpetrado en 1974, en la ciudad de Concepción.

En fallo unánime (causa rol 20.362-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y los abogados (i) Ricardo Abuauad y Antonio Barra– rechazó la aplicación de la prescripción de la acción civil, tras establecer el ilícito constituye un delito de lesa humanidad.

«(…) la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional, en el que representaban al gobierno de la época y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231)».

«De esta forma –continúa–, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República que señala que ‘el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana'».

«De este modo, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios en las que los jueces del fondo asilan su decisión, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional que ha debido ser reconocido por los jueces de la instancia al resolver la demanda intentada», añade.

«(…) en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a la víctima y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno», afirma la resolución.

En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que «el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado». Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado», concluye.

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Corte Suprema
ICA Concepción
Primera instancia

Ministro Carroza procesa a ex agentes de la dictadura por detención y tortura en Villa Grimaldi

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, sometió a proceso a tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos a Beatriz Alessandra Miranda Oyarzún, Alicia Ana Hinojosa Soto, Elena Orfilia Sánchez Cordero, Mirta María Compagnet Godoy, Sybil Marjorie Cleary Aceituno, Victoria Jeannette Villagrán Aravena, Marlene Luz Marina Leichtle Vargas, Claudio Antonio Herrera Sanhueza, Óscar del Tránsito de la Fuente Muñoz, Gilda de las Mercedes Bravo Riffo, Pedro Emeterio Caro Pagliali, Magdalena del Carmen Helguero Falcón, Dagoberto Mario Trincado Olivera y Juan Ernesto Segura Aguilar.

En resolución (causa rol 72-2016), el ministro Carroza procesó a los exagentes Miguel Krasnoff Martchenko, Fernando Eduardo Lauriani Maturana y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, como autores de los ilícitos perpetrados entre agosto de 1974 y enero de 1976.

Durante la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer, que las víctimas fueron detenidas en diversas fechas, entre 1974 y 1976, y lugares de la Región Metropolitana, y llevadas hasta el centro de detención clandestina de Villa Grimaldi, lugar donde fueron mantenidos fuera de toda orden legal y sometidas a apremios hasta su liberación.
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Corte de Apelaciones de Paris niega extradición de Ricardo Palma Salamanca

La sala de instrucción de la Corte de Apelaciones de París decidió negar la petición de Chile de extraditar a Ricardo Palma Salamanca, fugado de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996.

El ex frentista fue detenido en París en febrero del  2018 luego que Chile emitiera en una orden de captura internacional y posteriormente fue  liberado bajo control judicial.

Hace dos meses la oficina de Proteccion de los Refugiados y Apátridas del país galo  concedió la calidad de asilado político luego de considerar plausibles  los argumentos de Palma Salamanca quien afirmó haber confesado el asesinato del senador Guzmán bajo torturas. También se tomaron en cuenta  los informes de organismos internacionales que corroboraron la existencia de malos tratos en Chile en la década de los 90.

Palma Salamanca también fue condenado por el secuestro Cristián Edwards del Río, hijo del dueño del diario El Mercurio, cercano a la dictadura, en 1991.

El ex frentista estuvo presente en la corte francesa y luego de conocer la resolución judicial, se retiró sin emitir declaraciones.

El Canciller Roberto Ampuero, en un punto de prensa, expresó que el gobierno de Chile está disconforme con la decisión y considera que la sentencia emanada de los tribunales franceses resulta incomprensible. “La resolución conocida niega a víctimas y familiares la posibilidad de obtener justicia. lo lamentamos profundamente y subrayamos nuestro férreo compromiso en la lucha contra el terrorismo”.

Por su parte, la Fundación Jaime Guzmán emitió un comunicado público en el que  lamentó “la decisión de la justicia francesa sobre Ricardo Palma Salamanca, uno de los autores materiales del asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, procesado y condenado en un debido proceso por el Poder Judicial chileno. La Fundación perseverará en la búsqueda de justicia para poner fin a la impunidad de este deleznable crimen”, finaliza el breve texto difundido este miércoles.

Declaración pública de la Coordinadora de Mujeres de Punta Arenas tras denuncia de presuntas agresiones sexuales contra mujeres

Tras el reportaje publicado el pasado 19 de enero en la Revista Sábado de El Mercurio en donde se revelan reiterados casos de abuso sexual por parte del oncólogo Manuel Álvarez Zenteno, los que están actualmente en investigación por parte de la Fiscalía, y por los cuales Álvarez ya es legalmente imputado tras formalización de cargos el pasado 08 de enero, declaramos lo siguiente:

– Como Coordinadora de Mujeres de Magallanes, quienes tenemos como bandera de lucha la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, manifestamos nuestro categórico rechazo a que un profesional con estos antecedentes se esté desempeñando en el Hospital Clínico de Magallanes desde junio del año pasado, exponiendo así a mujeres de nuestra región a ser víctimas de un eventual condenado por abuso sexual.

– Lamentamos profundamente la mediocre respuesta que entregó durante la jornada de este martes el Hospital Clínico de Magallanes, quienes interpelando a la presunta inocencia, dejan entrever su pobre preparación en término de protocolos internos en casos de abuso sexual dentro de un establecimiento público, y más aún cuando la persona bajo investigación judicial ejerce directamente con pacientes mujeres, ante lo cual creemos firmemente que el procedimiento a seguir en este caso debiese ser el que se aparte a Álvarez Zenteno de sus funciones hasta el total y completo esclarecimiento de los hechos y una sentencia ejecutoriada.

– Denunciamos la nula información que el recinto hospitalario ha entregado a sus pacientes especialmente a mujeres, a quienes no se les ha provisto la información necesaria para poder decidir adecuadamente respecto a la idoneidad del profesional que las atiende en procesos tan delicados como enfermedades oncológicas. De ser eventualmente condenado, el Hospital Clínico será responsable de haber dejado a merced de un abusador sexual a magallánicas que por sus enfermedades se encuentran en condición de vulnerabilidad.

– Reiteramos, como en tantas otras ocasiones en donde siempre se busca justificar a un agresor, que su supuesta condición de “eminencia médica” no le da ningún derecho, ni acredita las acciones de este profesional, y nos indigna comprobar que la permanente falta de especialistas en el principal recinto hospitalario de Magallanes, sea argumento para que el currículum de un facultativo sea más importante que la seguridad de las mujeres.

– Repudiamos los hechos de abuso por los que está siendo investigado este doctor, lo cuales reflejan casos típicos en donde la relación asimétrica doctor-paciente, es aprovechada desde su posición de autoridad y desigualdad para violentar a víctimas en condición de extrema vulnerabilidad -algunas de ellas con cáncer terminal- y hacemos un llamado a todas las mujeres que se atienden con este imputado, que de requerirlo y de acuerdo a los Derechos del Paciente, pueden solicitar el cambio de médico tratante.

Como Coordinadora de Mujeres de Magallanes interpelamos a las autoridades regionales a tomar una posición activa en la defensa de los derechos de las mujeres, y demandamos a la Seremía de Salud, al Servicio de Salud de Magallanes y al Hospital Clínico de Magallanes a tomar todas las acciones que sean necesarias para enmendar estos hechos, porque si bien la presunción de inocencia es un derecho, éste no puede estar por sobre la protección de personas vulnerables que actualmente están en riesgo. Y por lo tanto exigimos el cese de funciones de este especialista y el contacto directo con personas, hasta el término de la investigación judicial.

A la cárcel fueron enviados los presuntos implicados en ataque homofóbico perpetrado en Porvenir el 1° de enero pasado

Por más de cuatro horas se extendió la audiencia de formalización en contra de Juan Pablo Vilches de 36 años, y Nelson Aguilar Gómez de 18, sujetos que fueron detenidos por la Brigada de Homicidios de la PDI en Porvenir este lunes w21 de enero, por su presunta participación en las quemaduras sufridas un hombre de 57 año y que, según acusó la familia de la víctima, habría tenido motivaciones homofóbicas.

A los imputados se les acusó por los delitos de homicidio calificado en grado frustrado y lesiones menos graves.

En la audiencia efectuada en el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, se estableció que los imputados el 1 de enero quemaron a José Muñoz Varga, sumergiéndolo desnudo en una tina con agua hirviendo mientras que a Sergio Barría, la segunda víctima, no lo pudieron despojar de sus prendas, arrojándole el agua directamente.

Según la Fiscalía el argumento de los imputados era que las víctimas después de haber mantenido relaciones sexuales quedaron sucias. Ambos sujetos fueron enviados a prisión preventiva estableciéndose un plazo de investigación de 120 días. El abogado defensor Juan Carlos Rebolledo en virtud de los resuelto por el Juez, solicitó que sus representados sean trasladados a la cárcel de Punta Arenas.

Grave agresión de carácter homofóbico fue cometida el 1 de enero en Porvenir, Tierra del Fuego

El pasado martes 1 de enero, un hombre identificado como José David Muñoz (60) y otro sujeto fueron forzados a sentarse en una tina con agua hirviendo por dos personas que hasta el momento permanecen en libertad. El primero se encuentra internado de gravedad en el Hospital Clínico de Magallanes, mientras que el otro se encuentra en mejor estado hospitalizado en Porvenir.

Erin Ruiz, sobrina de Muñoz, aseguró que se trata de “un ataque homofóbico por la condición sexual” de su tío. “Nosotros nos enteramos al momento en que lo fuimos a ver y nos contó que dos personas llenaron una tina de agua hirviendo y lo sentaron ahí. En este momento tiene comprometido el recto, los intestinos y sus partes intimas“, comentó la joven.

Las graves lesiones que sufrió el hombre lo tienen bajo la supervisión de la Unidad de Cuidados Intensivos del centro de salud, con un diagnóstico poco alentador.

Este viernes la familia del afectado comenzará a hacer las diligencias ante la Fiscalía para buscar justicia por la agresión a este hombre. “Mi tío nos dio los nombres de las personas involucradas y los puede identificar perfectamente. Nosotros estamos ahora haciendo las denuncias correspondientes, porque Carabineros de Porvenir no nos dio ninguna respuesta”, aseguró la familiar.

Fallo del Ier Juzgado Civil de Punta Arenas ordena al Fisco cancelar indemnización por detención y tortura en favor de ex preso político de isla Dawson en 1973

El Primer Juzgado Civil y de Letras de Punta Arenas acogió hoy jueves 20 de diciembre la demanda de indemnización de perjuicios presentada por Arturo Villegas Guichacoy, ex preso político del campo de concentración de Isla Dawson y otros recintos militares, y ordenó al Fisco pagar $130.000.000 por concepto de indemnización por daño moral -a causa de detención ilegal, torturas y pérdida del año escolar- sufrido en 1973. 

En causa rol C-835-2017, el juez Claudio Neculmán acreditó que “existe un reconocimiento legal del demandante como víctima de violaciones de derecho humanos conforme a lo prescrito en el artículo 1° de la ley 19.992, ley Valech, que dispone el otorgamiento de una pensión anual a las personas individualizadas en el ‘Listado de Prisioneros Políticos y Torturados’ que forma parte del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, nómina N° 9568 de 2011 en la cual figura el demandante, al que también reconoce como víctima de tortura y confinamiento en los recintos de detención de prisioneros políticos en Magallanes. El fallo precisa que “entendiendo el daño moral como todo detrimento o menoscabo que por hecho o culpa de otro la víctima sufre en sus intereses extrapatrimoniales, resulta que los tratos crueles e inhumanos que se dan por acreditados, y que configuran la tortura de que fue objeto el actor, impetrados con el sólo objeto de obtener una supuesta información o una confesión y de castigarlo por estimar que pertenecía a movimientos de la izquierda política, no afines a la dictadura que imperaba en la época, causaron en el daño positivo o efectivo tanto en su esfera física, -lesiones en todo su cuerpo y lesión en una de sus rodillas como lo refieren los testigos-, como en su esfera mental, -dolor, miedo intenso y ansiedad, entre otros-, que lo menoscabó en su dignidad como ser humano, llegando incluso a su cosificación por parte de los agentes del Estado como se demuestra del relato del actor, refrendado por el certificado de la Cruz Roja de fecha 02 de febrero de 2017 que se acompañó a los autos, toda vez, que en el campo de prisioneros políticos de Isla Dawson fue despojado de su nombre pasando a denominarse “Bravo 10”. Continúa el fallo: “A lo señalado debe agregarse que a la época de la detención ilegal, torturas y perdida del año escolar, el actor era menor de edad, con tan solo 17 años, si consideramos que a la sazón la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años, cuestión que no puede soslayarse al apreciar la dimensión del daño y consecuencialmente la indemnización del mismo”. VER PDF

PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUNTA ARENAS ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A VÍCTIMA DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El Primer Juzgado Civil y de Letras de Punta Arenas acogió la demanda de indemnización de perjuicios y ordenó pagar $130.000.000 por concepto de indemnización por daño moral -a causa de detención ilegal, torturas y pérdida del año escolar- sufrido en 1973 por Arturo Villegas. 

En causa rol C-835-2017, el juez Claudio Neculmán acreditó que «existe un reconocimiento legal del demandante como víctima de violaciones de derecho humanos conforme a lo prescrito en el artículo 1° de la ley 19.992, ley Valech, que dispone el otorgamiento de una pensión anual a las personas individualizadas en el ‘Listado de Prisioneros Políticos y Torturados’ que forma parte del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura», nómina N° 9568 de 2011 en la cual figura el demandante, al que también reconoce como víctima de tortura y confinamiento en los recintos de detención de prisioneros políticos en Magallanes. 

El fallo precisa que «entendiendo el daño moral como todo detrimento o menoscabo que por hecho o culpa de otro la víctima sufre en sus intereses extrapatrimoniales, resulta que los tratos crueles e inhumanos que se dan por acreditados, y que configuran la tortura de que fue objeto el actor, impetrados con el sólo objeto de obtener una supuesta información o una confesión y de castigarlo por estimar que pertenecía a movimientos de la izquierda política, no afines a la dictadura que imperaba en la época, causaron en el daño positivo o efectivo tanto en su esfera física, -lesiones en todo su cuerpo y lesión en una de sus rodillas como lo refieren los testigos-, como en su esfera mental, -dolor, miedo intenso y ansiedad, entre otros-, que lo menoscabó en su dignidad como ser humano, llegando incluso a su cosificación por parte de los agentes del Estado como se demuestra del relato del actor, refrendado por el certificado de la Cruz Roja de fecha 02 de febrero de 2017 que se acompañó a los autos, toda vez, que en el campo de prisioneros políticos de Isla Dawson fue despojado de su nombre pasando a denominarse «Bravo 10». 

Continúa el fallo: «A lo señalado debe agregarse que a la época de la detención ilegal, torturas y perdida del año escolar, el actor era menor de edad, con tan solo 17 años, si consideramos que a la sazón la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años, cuestión que no puede soslayarse al apreciar la dimensión del daño y consecuencialmente la indemnización del mismo».

Lea aquí texto completo del fallo:

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Fallo en primera instancia sentenció al Estado a pagar $ 320 millones a dos detenidos y torturados en Isla Dawson

El Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas acogió este jueves (30 de noviembre) la demanda de indemnización de perjuicios deducida en contra del Estado de Chile, por Jaime Provoste Cárdenas y Pedro Antonio Torres Villarroel, ex presos políticos en Isla Dawson, entre 1973 y 1974. En el fallo, el juez Claudio Neculmán estableció que los demandantes fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, ordenando al Fisco pagar una indemnización de $160.000.000 a cada uno.

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“La acción indemnizatoria tiene por objeto obtener la reparación integra de los perjuicios ocasionados y encuentra su fundamento no sólo en principios generales del derecho internacional de los Derechos Humanos, sino que, en la normativa internacional ratificada por Chile, así la Convención Americana de Derechos Humanos implica que la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad queda sujeta al derecho internacional”, consigna el fallo.

Resolución que agrega: “Dicha normativa internacional no sólo constituye un límite a la soberanía del Estado sino que además condiciona el actuar de sus órganos, conforme a lo preceptuado en los artículos 5° y 6° de la Constitución Política, no pudiendo por tanto hacer prevalecer la normativa interna, en abierta contradicción con el derecho internacional, cuando implica en los hechos la imposibilidad que el Estado cumpla con su deber de reparación integra y de hacer cesar la consecuencias de la violación a los derechos humanos, comprometiendo así su responsabilidad ante la comunidad internacional”.

Afirma la redacción del magistrado que ambos demandantes figuran en la nómina de prisioneros políticos y torturados, elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, comitiva que en su informe detalla los vejámenes a los que fueron sometidas las personas que figuran en su nómina. Golpizas reiteradas, posiciones forzadas, aplicación de electricidad, simulacros de fusilamiento, confinamiento en condiciones infrahumanas, privación deliberada de medios de vida, privación e interrupción del sueño y exposición a temperaturas extremas.

Concluye en definitiva la sentencia de primera instancia que “se acoge la demandada de indemnización de perjuicios deducida por Jaime Provoste Cárdenas y Pedro Antonio Torres Villarroel, en contra del Estado de Chile”, condenando al fisco a pagar por concepto de indemnización por daño moral 160 millones de pesos para cada uno de los ex presos políticos.

El golpe militar y la dictadura en Magallanes en su contexto histórico (1973-1990)

PRESENTACIÓN.

I.- EL MUNDO POLÍTICO EN MAGALLANES AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.

Las relaciones entre los partidos políticos y las organizaciones sociales.

La relación gobierno-oposición.

Los medios de comunicación y el gobierno.

II.- LAS PARTICULARIDADES DEL GOLPE DE ESTADO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.

Asalto y ocupación militar de servicios públicos y edificios gubermanentales.

La creación de la Junta Provincial de Gobierno.

III.- EL SISTEMA DE CENTROS DE DETENCIÓN Y TORTURA.

Campos de concentración, centros de detención y centros de tortura.

Servicios de inteligencia, Fiscalías y consejos de guerra.

El rol de los medios de comunicación en el golpe militar en Magallanes.

IV.- LINEA DE TIEMPO.

El período 1973-1980.

El período 1981-1990.

PRESENTACIÓN.

Hay acontecimientos históricos que marcan la vida de generaciones completas de seres humanos y de las sociedades.  

Ese es el caso del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile, punto culminante de una prolongada crisis política e institucional y momento inicial dramático del quiebre de la institucionalidad democrática a lo largo de 17 años de dictadura cívico militar.

En la región de Magallanes el golpe militar revistió caracteres particulares con respecto a lo currido en otras regiones de Chile.   Algunas de esas características estaban relacionadas con la importancia de la presencia de las FFAA en el territorio regional, dado su carácter estratégico, y también con la aplicación de formas de represión más intensas que en el resto del país.

Cabe subrayar que al 11 de septiembre de 1974, en Magallanes se había construido ex profeso un campo de concentración (diseñado por arquitectos regionales con la colaboración de un ex oficial alemán de las SS emigrado en Tierra del Fuego) en la isla Dawson, y cuyas obras comenzaron en octubre de 1972, y que el número de detenidos políticos en relación con la población total de la región, fue mas elevado proporcionalmente que en el resto del país.

Esta síntesis del contexto histórico se divide en cuatro capítulos:

 1º, una descripción general del mundo político en Magallanes a esa fecha;

2º, se describen las particularidades del golpe de Estado en la región y

3º, se describe el sistema de centros de detención y tortura que funcionó desde el día 11 de septiembre; y

4º se presenta una línea de tiempo entre 1973 y 1990, señalando los principales hechos e hitos más significativos de la situación de DDHH en Magallanes.

Manuel Luis Rodríguez U., ex preso político Isla Dawson.

Punta Arenas, Magallanes, 11 de septiembre de 2013.