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El examen de Chile ante Naciones Unidas – Lorena Fries – Cooperativa

El Examen Periódico Universal (EPU) es siempre una posibilidad de mirar lo que como Estado hemos hecho por avanzar en el campo de los derechos humanos. Delegaciones de gobierno y de sociedad civil se enfrentan en un diálogo constructivo en el seno del Consejo de Derechos Humanos, para evaluar lo acometido en periodos regulares de cuatro años y proyectar los cuatro años que vienen. Se trata del foro político de Estados más importante en materia de derechos humanos y un elemento importante en las relaciones internacionales. 

Al gobierno de Chile correspondió presentar los avances de los últimos cuatro años por lo que el primer ejercicio que tuvo que hacer el gobierno fue asumir, como propios, los avances y problemas en derechos humanos del gobierno anterior a lo que se suman los avances y problemas en el último año del actual gobierno.

A modo de resumen se puede señalar que Chile fue felicitado por sus avances en materia de institucionalidad de derechos humanos y por la adopción del Plan Nacional en la materia. Las situaciones críticas se encuentran en el ámbito de la no discriminación y la violencia policial. 

En efecto, los Estados, junto con felicitar dichos avances, hicieron recomendaciones respecto de situaciones que vieron cómo críticas.

En primer lugar, la relación del Estado con los pueblos indígenas y particularmente con el pueblo mapuche, se le representó a Chile en más de 40 intervenciones tanto en relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista y criminalización de sus representantes, como respecto de sus derechos a participación y a su reconocimiento constitucional.

Respecto de los derechos de las mujeres, se recomendó al Estado hacer los esfuerzos necesarios para que las mujeres puedan acceder a las instancias de representación a nivel regional y local, a avanzar hacia la despenalización absoluta del aborto y a limitar la objeción de conciencia a personas naturales.

La inmigración fue otro de los focos de recomendaciones y el llamado fue a su protección y reconocimiento de derechos, previniendo la xenofobia e incluso los brotes de racismo, en el marco de respeto y garantía de sus derechos humanos, cuestión que el actual proyecto en discusión no cumple.

La situación de niños y niñas en el país también llamó a la preocupación de los Estados los que sugirieron redoblar los esfuerzos para contar con un sistema de protección integral de los derechos de la niñez.

Las denuncias sobre abusos policiales en el uso de la fuerza venían siendo denunciados ya en el EPU anterior, pero adquirieron una relevancia mayor en el seno de Naciones Unidas con el asesinato de Camilo Catrillanca.

Los Estados recomendaron hacer esfuerzos urgentes por terminar con este tipo de situaciones que en casos han derivado en tortura, malos tratos e incluso la muerte. Todas cuestiones sabidas, y representadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos a los gobiernos, que debieran abordarse desde un marco de derechos humanos tratando de dejar fuera los cálculos y oportunismos políticos. 

Como nunca antes, organizaciones a lo largo del país se movilizaron para hacer llegar sus informes a quienes debían evaluar el desempeño de Chile en derechos humanos.

Si el 2013 eran dos las organizaciones, este 2019 fueron 62 dando cuenta del creciente interés por participar y capacidad técnica de las mismas en sus presentaciones.

Se esperaba que el Gobierno diera al EPU la misma relevancia, sin embargo y a pesar de la presencia de la Subsecretaria de Derechos Humanos, en la delegación no participó ningún ministro, como ha sido la tónica en todos los exámenes y gobiernos anteriores.

Se trata de gestos que en el campo internacional tienen un peso más allá del récord del país.

Así mismo se extrañó la ausencia de un representante de la Cámara de Diputados y parece que el poder legislativo no sabe que tiene obligaciones en materia de derechos humanos las que derivan de los Tratados que el organismo ratifica.

La participación del Senador Alejandro Navarro y del ministro de la Corte Suprema fueron relevantes para darle a la delegación un status de Estado que esperamos empiece a consolidarse a futuro.

En efecto, las comisiones de derechos humanos, tanto de la Cámara como del Senado que, hasta ahora, inexplicablemente se han restado, debieran empezar a monitorear lo que presenta el poder Ejecutivo, en representación también del parlamento en las instancias internacionales, muchas veces incluso responsabilizándolos de la falta de avances en materia legislativa.

Lorena Fries.

Venezuela: Alta Comisionada de DDHH de la ONU Michelle Bachelet condena las muertes e insta a las partes a actuar con moderación y entablar el diálogo para frenar la espiral de la crisis

GINEBRA (25 de enero de 2019) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este viernes y llamó a realizar una investigación efectiva de los actos que han provocado numerosas muertes y lesiones durante la última semana de protestas. Asimismo, instó a todas las partes a iniciar inmediatamente un diálogo que permita distender el clima de enfrentamiento cada vez más incendiario que pesa sobre el país.

Según informes de fuentes locales fidedignas, al menos 20 personas habrían muerto como consecuencia de disparos con armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados pro-gubernamentales durante las manifestaciones del martes y miércoles. Muchas otras personas han sido heridas por disparos de balas, perdigones y proyectiles de goma.

“Cualquier incidente violento que resulte en personas muertas o heridas tiene que ser investigado de manera independiente e imparcial para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por las autoridades, o si el crimen fue cometido por miembros de grupos armados, ya sean pro-gubernamentales o no”, dijo la Sra. Bachelet. “Estoy extremadamente preocupada de que la situación en Venezuela pueda escalar rápidamente en una espiral sin control y con consecuencias catastróficas”.

La Alta Comisionada dijo que su Oficina ha recibido informes de detenciones a gran escala de manifestantes –más de 350 personas en total, incluyendo 320 sólo el 23 de enero- y que también ha recolectado información sobre allanamientos de viviendas en algunas de las áreas más pobres de Caracas, donde se han registrado al menos 180 protestas durante esta semana.

Bachelet advirtió que es vital prevenir una repetición de los patrones de represión que fueron documentados por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017,* como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias generalizadas, restricciones a la libertad de reunión y de expresión y allanamientos y ataques indiscriminados en contra de viviendas. 

Por ello, instó a las autoridades de Venezuela, especialmente a las fuerzas de seguridad, a ejercer moderación y a respetar el derecho fundamental de toda persona a la libertad de expresión y de reunión pacífica. También recordó que “el uso excesivo, desproporcionado o indiscriminado de la fuerza está clara e inequívocamente prohibido por el derecho internacional”.

También pidió que se respeten las garantías procesales en el caso de todas las personas detenidas y que se ponga inmediatamente en libertad a toda persona detenida por ejercer sus derechos humanos.

La Alta Comisionada exhortó a los dirigentes políticos del Venezuela a que inicien de inmediato conversaciones con el fin de distender la situación y encontrar una solución práctica y duradera a la prolongada crisis social, política y económica del país. Dijo que es vital que las autoridades se abstengan de cerrar cualquier vía de diálogo restante mediante la persecución penal de los líderes políticos y sociales, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional.

“Más de tres millones de venezolanos han huido del país, muchos millones más viven en condiciones totalmente miserables”, observó. “¿Qué más se necesita antes de que los líderes políticos antepongan el bienestar de su pueblo a sus propios intereses? Esto es, en el fondo, una crisis de gobernabilidad, y es responsabilidad de los líderes del país poner fin a esta situación desastrosa”.

Fuente: ACNUDH

Chile rindió informe anual 2018 ante Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Un encuentro informativo organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Magallanes tuvo lugar esta tarde de martes 22 de enero en Punta Arenas.

En la ocasión los asistentes tuvieron oportunidad de presenciar en diferido desde Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, la presentación de la delegación chilena del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, EPU 2018.

El Examen Periódico Universal (EPU) es el único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU.

Bajo este mecanismo, la situación de derechos humanos de todos los Países miembros de ONU es revisada cada 5 años. 42 Estados son revisados cada año durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo dedicadas a 14 Estados cada una. Estas 3 sesiones se celebran normalmente en enero/febrero, mayo/junio y octubre/noviembre.

El resultado de cada revisión es reflejado en un “informe final” que lista las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.

El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas claves:

  1. El examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado.
  2. La implementación entre dos revisiones (5 años) por el Estado examinado de las recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos;
  3. Informar en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior.

Al encuentro asistieron invitados representantes de la Agrupación de DDHH Orlando Letelier, la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares, del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Magallanes y de la Fundación Selenna Magallanes.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CLIndex.aspx

http://webtv.un.org/search/chile-review-32nd-session-of-universal-periodic-review/5992388055001/?term=chile&sort=date

Chile se abstuvo hoy en votación del Pacto Mundial sobre Migraciones

En la sesión de hoy de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York Chile se abstuvo en la votación respecto del Pacto Mundial sobre Migraciones.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado este miércoles 190 de diciembre una resolución en favor del Pacto Mundial para la Migración, un acuerdo no vinculante que busca reforzar la cooperación internacional en pro de una migración segura.

Ese pacto ha sido ratificado por 152 naciones, mientras que 12 países se abstuvieron (entre los cuales Chile) y cinco votaron en contra: Estados Unidos, Israel, Hungría, Polonia y República Checa.

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Recordemos que el gobierno de Chile cambió de posición respecto de este Pacto, manifestando en una primera instancia que lo aprobaría y posteriormente que lo rechazaría.

El pacto mundial sobre migración será el primer acuerdo intergubernamental, negociado bajo el auspicio de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de una manera completa y holística.

En la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, adoptada en septiembre de 2016, la Asamblea General decidió desarrollar un pacto mundial para establecer una migración segura, ordenada y regular. El proceso para desarrollar este pacto mundial sobre migración empezó en abril de 2017. En 2018, la Asamblea General celebró una conferencia intergubernamental sobre migración internacional con vista a adoptar ese pacto mundial.

Este pacto mundial es una oportunidad para mejorar la gobernabilidad de la migración y afrontar los desafíos asociados con la migración actual, así como para reforzar la contribución de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible.