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Descubren red de trata de personas que traficaba mujeres desde Paraguay por la Patagonia argentina hasta Punta Arenas

La presencia de gendarmes en un control rutinario en la Ruta Nacional 3, en Chubut, fue la chispa que una joven mujer de nacionalidad paraguaya necesitó para vencer su miedo y denunciar que era llevada sin su consentimiento a un destino y con un fin desconocido. Ese primer paso fue el prólogo de otros que permitieron comenzar a develar las actividades de una red internacional dedicada a la trata de personas. Las primeras investigaciones indican que la organización captaba mujeres jóvenes en Paraguay y las llevaba a los confines de Chile a través de la Patagonia argentina.

Agentes de Gendarmería argentina capturaron en la provincia de Chubut, a dos miembros de esta banda dedicada a la trata y explotación de mujeres  y rescataron a cuatro víctimas. Los datos obtenidos tras el operativo permitieron corroborar que el grupo criminal opera en Buenos Aires, Bahía Blanca, pero también en Paraguay y Chile, en las localidades de Caaguazú y Punta Arenas, respectivamente.

Fuente imagen: La Nación Buenos Aires.

En el control de documentos, una mujer, muy nerviosa, dijo que no sabía dónde la estaban llevando.

El sábado 12 de este mes, mientras integrantes de la “Sección Vial Trelew” revisaban un ómnibus de larga distancia que había frenado minutos antes en un desolado paraje junto a la Ruta 3, una de las víctimas no soportó la presión y comenzó a llorar. “En el control de documentos, una mujer, muy nerviosa, dijo que no sabía dónde la estaban llevando”, contó el comandante general Manuel Caraballo, jefe de la Gendarmería en la zona.


Las cuatro víctimas -captadas en Paraguay- fueron acogidas bajo el sistema de testigos protegidos, mientras la investigación avanza a cargo del Juzgado Federal N°2 de Rawson, cuyo titular es Gustavo Lleral, el mismo que tiene a su cargo la investigación de la muerte de Santiago Maldonado, el militante de la causa mapuche ahogado en el río Chubut, en el llamado Pu Lof de Cushamen, el 1° de agosto del año pasado, cuando buscaba escapar de la Gendarmería durante el desalojo de un piquete indigenista en la ruta 40.

Fuente imagen: La Nación, Buenos Aires

“Esta organización trasladaba a sus víctimas con un sistema de postas y utilizaba diferentes personas en cada trayecto del viaje. Las cuatro víctimas que rescatamos habían sido captadas por personas de sus propias comunidades que les ofrecieron trabajos ficticios. El destino final era Punta Arenas, en Chile, donde iban a ser entregadas para la prostitución o para la reducción a la servidumbre“, explicó Caraballo.

  
Desde la Gendarmería señalaron que el análisis de los teléfonos secuestrados durante el operativo generó datos significativos para la investigación. La mujer que acompañaba a las cuatro víctimas se llama Liliana Alcaraz y permanece detenida. Un presunto cómplice fue demorado y luego quedó en libertad, aunque vinculado al proceso judicial.

Por el momento, los principales sospechosos identificados son todos ciudadanos paraguayos, pero los agentes federales siguen también el rastro de algunos argentinos que integrarían el grupo criminal.

Además, el comandante general Caraballo indicó que trabajan coordinadamente con la Policía de Investigaciones (PdI) de Chile, que por estas horas vigila objetivos puntuales en la sureña Punta Arenas.

Entre 2008 y 2018, según información oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF), fueron condenados 564 delincuentes a través de 217 sentencias. En el 77% de los expedientes judiciales, las organizaciones criminales captaban personas para explotarlas sexualmente y se estima que al menos el 82% eran mujeres. Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires y Comodoro Rivadavia son los distritos adonde se registraron la mayor cantidad de causas.

Por otro lado, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación, en el primer semestre de 2018 -última estadística disponible- fueron rescatadas 624 víctimas (29, menores de edad), que elevaron a 12.477 el número de personas que estaban bajo control de organizaciones criminales organizadas y que fueron liberadas por agentes federales.

Fuente: La Nación, Buenos Aires.

Un protocolo de atención de Salud para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en Chile

A más de 40 años transcurridos desde el golpe civico-militar de 1973 en Chile, un número importante de los ex presos políticos de aquella época han ido falleciendo, producto del tiempo transcurrido y de las dolencias que padecieron como efectos de la detención y la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes de los que fueron víctimas.

En la región de Magallanes, las víctimas y sus familiares sobrevivientes, han informado que en diversos casos de nuestros compañeros y compañeras en sus postreros momentos de vida, fueron sometidos a tratos en el sistema de Salud que atentan contra sus derechos humanos fundamentales, contra el derecho a una muerte digna y forzándolos a volver a experimentar de alguna manera las situaciones de violencia a las que fueron sometidos con ocasión del golpe militar y la dictadura.

Planteamos que los Servicios de Salud pública adopten un Protocolo de Atención de Salud especialmente referido a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, de manera de asegurar el respeto a la integridad y la dignidad de las personas y el derecho a una muerte digna, que sea elaborado consensuadamente con la participación de las organizaciones ciudadanas de Derechos Humanos.

En esta materia el Programa PRAIS cumple una función fundamental.

Los objetivos del Programa de Atención Reparatoria e Integral en Salud son: a. Contribuir a la reparación de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias afectadas por la represión política ejercida por el Estado.

b. Tratar las complicaciones en salud física y mental detectadas en las personas y familias afectadas por la represión política ejercida por el Estado.

c. Disminuir la prevalencia de las consecuencias en salud derivadas de la violencia represiva, en las personas y grupos expuestos a la represión política ejercida por el Estado.

d. Implementar un modelo de atención integral en salud cuyo objetivo principal sea contribuir a la restauración del sujeto social pleno de derechos.

e. Contribuir a generar una cultura de respeto a los derechos humanos

Al mismo tiempo y en esta materia, el Protocolo de Estambul elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, constituye un punto de partida para dicha elaboración.

Al mismo tiempo proponemos el siguiente Protocolo de Actuación para la Protección de los Derechos de las víctimas de tortura, elaborado por la Universidad de Alcalá de España puede contribuir a formular el Protocolo que se plantea aquí.

Proponemos las organizaciones de Derechos Humanos de Magallanes, abrir un debate y un proceso de análisis sobre esta temática.

Amnistía Internacional: Informe de la Situación de los Derechos Humanos en el mundo, 2017-2018

El Informe 2017/18 de Amnistía Internacional arroja luz sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2017.

En el prólogo, las cinco perspectivas regionales y el análisis individual de los 159 países y territorios de todas las regiones que componen este informe, se documentan la lucha de muchas personas para reivindicar sus derechos y el incumplimiento por los gobiernos de su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.

Sin embargo, también se vislumbran avances conseguidos con mucho esfuerzo que demuestran que la defensa de los derechos humanos produce cambios positivos. Este informe rinde homenaje a los defensores y defensoras de los derechos humanos que continúan luchando por el cambio, a veces arriesgando su vida.

En un periodo en el que las medidas de austeridad y las catástrofes naturales han sumido a muchas personas en una mayor pobreza e inseguridad, el informe de este año también pone el foco en los derechos económicos, sociales y culturales. Si bien en todo momento se ha buscado garantizar la exactitud de la información aquí contenida, ésta pudiera estar sujeta a cambios sin previo aviso.

Lea y descargue el Informe:

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018SPANISH.PDF

Venezuela: Alta Comisionada de DDHH de la ONU Michelle Bachelet condena las muertes e insta a las partes a actuar con moderación y entablar el diálogo para frenar la espiral de la crisis

GINEBRA (25 de enero de 2019) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este viernes y llamó a realizar una investigación efectiva de los actos que han provocado numerosas muertes y lesiones durante la última semana de protestas. Asimismo, instó a todas las partes a iniciar inmediatamente un diálogo que permita distender el clima de enfrentamiento cada vez más incendiario que pesa sobre el país.

Según informes de fuentes locales fidedignas, al menos 20 personas habrían muerto como consecuencia de disparos con armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados pro-gubernamentales durante las manifestaciones del martes y miércoles. Muchas otras personas han sido heridas por disparos de balas, perdigones y proyectiles de goma.

“Cualquier incidente violento que resulte en personas muertas o heridas tiene que ser investigado de manera independiente e imparcial para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por las autoridades, o si el crimen fue cometido por miembros de grupos armados, ya sean pro-gubernamentales o no”, dijo la Sra. Bachelet. “Estoy extremadamente preocupada de que la situación en Venezuela pueda escalar rápidamente en una espiral sin control y con consecuencias catastróficas”.

La Alta Comisionada dijo que su Oficina ha recibido informes de detenciones a gran escala de manifestantes –más de 350 personas en total, incluyendo 320 sólo el 23 de enero- y que también ha recolectado información sobre allanamientos de viviendas en algunas de las áreas más pobres de Caracas, donde se han registrado al menos 180 protestas durante esta semana.

Bachelet advirtió que es vital prevenir una repetición de los patrones de represión que fueron documentados por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017,* como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias generalizadas, restricciones a la libertad de reunión y de expresión y allanamientos y ataques indiscriminados en contra de viviendas. 

Por ello, instó a las autoridades de Venezuela, especialmente a las fuerzas de seguridad, a ejercer moderación y a respetar el derecho fundamental de toda persona a la libertad de expresión y de reunión pacífica. También recordó que “el uso excesivo, desproporcionado o indiscriminado de la fuerza está clara e inequívocamente prohibido por el derecho internacional”.

También pidió que se respeten las garantías procesales en el caso de todas las personas detenidas y que se ponga inmediatamente en libertad a toda persona detenida por ejercer sus derechos humanos.

La Alta Comisionada exhortó a los dirigentes políticos del Venezuela a que inicien de inmediato conversaciones con el fin de distender la situación y encontrar una solución práctica y duradera a la prolongada crisis social, política y económica del país. Dijo que es vital que las autoridades se abstengan de cerrar cualquier vía de diálogo restante mediante la persecución penal de los líderes políticos y sociales, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional.

“Más de tres millones de venezolanos han huido del país, muchos millones más viven en condiciones totalmente miserables”, observó. “¿Qué más se necesita antes de que los líderes políticos antepongan el bienestar de su pueblo a sus propios intereses? Esto es, en el fondo, una crisis de gobernabilidad, y es responsabilidad de los líderes del país poner fin a esta situación desastrosa”.

Fuente: ACNUDH

Tribunal de Santiago condenó al Fisco a pagar indemnización a ex prisionero político por detención y torturas

El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a un prisionero político sometido a apremios en distintos recintos militares, en 1974. En fallo (rol 6.659-2018) la jueza Juana Álvarez Arenas estableció que corresponde reparar el daño moral por la responsabilidad del Estado en un crimen de lesa humanidad. “Que es menester, por tanto, analizar la segunda excepción alegada por la demandada, cual es la “prescripción extintiva” de la acción incoada.

Al respecto, debemos reseñar que resulta necesario tener presente que nos encontramos frente a graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en la presente sentencia en su parte expositiva y en los diversos testimonios vertidos, ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste”, dice el fallo. 

Agrega que: “Teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que nuestra acción en estudio sí está sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito”. 

Además se considera que: “Así, en el caso sub lite, la detención ilegal y tortura a las que fue sometido el demandante, ocurridas en un contexto excepcional, constituyen en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo en forma extrajudicial, al margen de la juridicidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de Ius Congens, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna”.

 VER FALLO (PDF)

Recibimos el Informe Anual, Situación de los Derechos Humanos en Chile, 2018

En el día de hoy, en el marco del encuentro para conocer el EPU 2018 del Estado de Chile, en el INDH de Punta Arenas, hemos recibido un ejemplar del Informe Anual, Situación de los Derechos Humanos en Chile, 2018.


El Informe Anual 2018 da cuenta de la situación de los derechos humanos en diversos ámbitos en Chile, y realiza recomendaciones a los diferentes poderes del Estado para garantizar de modo efectivo el ejercicio de los mismos sin discriminación, en cumplimiento con la Ley Nº 20.405.

La Introducción del Informe 2018 dice en parte:

“El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hace entrega de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos a 70 años de la Declaración Universal de los de Derechos Humanos, obligación que le impone la ley que le dio origen y que está definida en su artículo 3º que señala que le corresponderá: “Elaborar un Informe Anual, que deberá presentar al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema sobre sus actividades, sobre la situación nacional en materia de derechos humanos y hacer las recomendaciones que estime convenientes para su debido resguardo y respeto. Su Consejo deberá adoptar todas las medidas pertinentes destinadas a otorgar publicidad a dicho informe a la comunidad”.
Un hecho muy importante, en la dirección de fortalecer los derechos humanos, fue el anuncio en diciembre de 2017, de la aprobación del primer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) para el periodo 2018-2021, elaborado participativamente en 15 diálogos regionales con organizaciones de la sociedad civil, una jornada con pueblos indígenas y tribales, y una consulta digital. Este Plan quedó radicado en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (SDH), creada por la Ley 20.885, encargada de coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación. El PNDH contiene las medidas prioritarias a tomar por las autoridades para enfrentar los problemas de derechos humanos, las que se organizan en 15 objetivos, 50 metas y 634 acciones fundamentadas en las recomendaciones realizadas por el INDH y organismos internacionales de derechos humanos. Si bien aún se encuentra en tramitación en la Contraloría General de la República (CGR) para su toma de razón y está en revisión por parte de la SDH, su pronta implementación será un paso importante en la consolidación de este instrumento de política pública.”

La versión digital completa del Informe se encuentra en el siguiente link:

https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1173/informe-anual-2018.pdf?sequence=13

Chile rindió informe anual 2018 ante Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Un encuentro informativo organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Magallanes tuvo lugar esta tarde de martes 22 de enero en Punta Arenas.

En la ocasión los asistentes tuvieron oportunidad de presenciar en diferido desde Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, la presentación de la delegación chilena del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, EPU 2018.

El Examen Periódico Universal (EPU) es el único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU.

Bajo este mecanismo, la situación de derechos humanos de todos los Países miembros de ONU es revisada cada 5 años. 42 Estados son revisados cada año durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo dedicadas a 14 Estados cada una. Estas 3 sesiones se celebran normalmente en enero/febrero, mayo/junio y octubre/noviembre.

El resultado de cada revisión es reflejado en un “informe final” que lista las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.

El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas claves:

  1. El examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado.
  2. La implementación entre dos revisiones (5 años) por el Estado examinado de las recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos;
  3. Informar en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior.

Al encuentro asistieron invitados representantes de la Agrupación de DDHH Orlando Letelier, la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares, del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Magallanes y de la Fundación Selenna Magallanes.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CLIndex.aspx

http://webtv.un.org/search/chile-review-32nd-session-of-universal-periodic-review/5992388055001/?term=chile&sort=date

Denuncian acto de discriminación contra ciudadana dominicana nacionalizada chilena en Punta Arenas

El pasado 10 de enero Ysbelia, una dominicana nacionalizada chilena fue víctima de un acto de discriminación y agresión mientras trabajaba. Según cuenta, mientras atendía a una clienta que reclamaba por estar reportada en Dicom debido a un pago que no habría realizado de la tienda, perdió el control, acudiendo a palabras denigrantes por ser extranjera y propinándole un golpe en su mano. Tras el hecho, pudo poner la denuncia en la Fiscalía.

Sin embargo, es común escuchar frases como: tenía que ser colombiano, este negro tal por cual, nos están quitando el trabajo, entre otras de mayor calibre. Y ninguna de estas expresiones o actos despectivos como pedir no ser atendidos por un extranjero, son sancionados. En Chile existe la Ley Zamudio que sanciona las diversas manifestaciones de discriminación pero solo bajo el contexto de otro delito. Por eso solo existen dos casos en la región relacionados a esta norma.

Y es que, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Derechos humanos en 2017, reconoce que en el país existe una fuerte xenofobia, que es un tipo de discriminación. De los 2.047 encuestados de todo el país,  un tercio piensa que la mayoría o gran parte de los chilenos son  “más blancos o desarrollados  que otras personas de países latinoamericanos” y un 16 por ciento que las personas migrantes son sucias.

En Magallanes los argentinos, colombianos y venezolanos llevan la delantera en cuanto a migración se refiere. Y pese a ser un fenómeno que está en aumento, tanto la Fiscalía como el INDH reconocen que falta mayor educación para evitar que este tipo de actos sigan sucediendo y sean aceptados.

Fuente: ITV Noticias, Punta Arenas.

Trabajadores migrantes sufrían precarias condiciones laborales y habitacionales en un establecimiento comercial chino en Punta Arenas

Se detectaron graves violaciones a los derechos humanos y laborales de trabajadores migrantes haitianos, venezolanos y chinos.

La situación se constató gracias a una fiscalización que realizó la gobernación de Magallanes, luego de recibir algunas denuncias que sospechaban sobre las precarias condiciones laborales y de higiene en la que se encontraban los ciudadanos extranjeros que ejercían labores al interior del recinto, ubicado en avenida Frei N° 770 en el sector Norte de Punta Arenas.

En Punta Arenas, el pasado 17 de diciembre 2018, se efectuó una fiscalización multisectorial, que organizó la gobernación de Magallanes, al mall chino de Punta Arenas ubicado en Avenida Frei #770, ocasión en la que Oficiales del Departamento de Extranjería y Policía Internacional PDI Punta Arenas, junto a detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, Carabineros de Chile, seremi de Salud, Trabajo y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En la oportunidad, se pudo detectar que algunos de los ciudadanos extranjeros, se encontraban pernoctando en el local en precarias condiciones de salubridad. Los detectives controlaron a 12 personas extranjeras, de las cuales cuatro se encontraban infringiendo la Ley de Extranjería: dos por trabajar de manera irregular (un ciudadano chino y un haitiano) y dos hombres de nacionalidad china que no habían efectuado el cambio de domicilio en los plazos establecidos. 

Se comprobó además, que estos trabajadores migrantes pernoctaban en un recinto comercial bajo llave.

El gobernador provincial de Magallanes, Nicolás Cogler, manifestó que junto a la Policía de Investigaciones, sospechan de que este sea un caso de tráfico de migrantes con fines de explotación laboral, lo cual será investigado acuciosamente, detallando que: “encontramos dormitorios de personas que habían trabajado muchísimas horas al día, habían más de 6 dormitorios en este mall, donde la gente viene a comprar, a hacer sus compras de navidad, le quiero decir a todas las personas, que aquí viven trabajadores, viven personas que trabajan más de 14 horas todos los días, tenemos dos denuncias. Estamos realizando junto a la seremi de Salud una fiscalización a todas las instalaciones. Vimos que en condiciones deplorables vivían personas y eso, nosotros no lo vamos a permitir, porque nuestra legislación lo prohíbe, esto no es normal y hay que decirles a las personas que vivían en estas condiciones, que en Chile, así no se vive, tenemos legislaciones que lo prohíben, que regulan los horarios de trabajo”.

Junto a esto, la seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, explicó que se fiscalizó el cumplimiento del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo D.S. N° 594, iniciándose un sumario sanitario contra este recinto comercial al detectarse diversos incumplimientos de la normativa, entre los que se encontraron deficiencias en las condiciones de limpieza y mantención del recinto, zonas de tránsito con presencia de obstáculos, no se han tomado las medidas necesarias para el control de vectores, no contar con lugar habilitado para comedor de trabajadores, vías de evacuación obstaculizadas, falta de extintores, entre otras.

Respecto a la situación laboral y contractual de los trabajadores la seremi de la cartera, Victoria Cortés, expuso que aún no hay resultados al respecto, ya que es materia de análisis, enfatizando en que, “por el momento, no podemos entregar ninguna información adicional con respecto al resultado de esta fiscalización, por cuanto el informe está en proceso de evacuación. No obstante, desde esta secretaría y como cartera del trabajo hacemos el llamado a los trabajadores y a la comunidad magallánica en general a continuar denunciando cualquier posible irregularidad de tipo laboral que visualicen pues es la única manera de que podamos intervenir y sancionar en caso de constatarse eventuales vulneraciones”.

Las observaciones emanadas desde la seremi de Salud, deben ser subsanadas a más tardar el día viernes, de lo contrario, el local deberá cerrar sus puertas al público, igualmente la SEC encontró irregularidades, sobre todo en las luces que venden, las que no poseían la certificación correspondiente para su comercialización.

PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUNTA ARENAS ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A VÍCTIMA DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El Primer Juzgado Civil y de Letras de Punta Arenas acogió la demanda de indemnización de perjuicios y ordenó pagar $130.000.000 por concepto de indemnización por daño moral -a causa de detención ilegal, torturas y pérdida del año escolar- sufrido en 1973 por Arturo Villegas. 

En causa rol C-835-2017, el juez Claudio Neculmán acreditó que “existe un reconocimiento legal del demandante como víctima de violaciones de derecho humanos conforme a lo prescrito en el artículo 1° de la ley 19.992, ley Valech, que dispone el otorgamiento de una pensión anual a las personas individualizadas en el ‘Listado de Prisioneros Políticos y Torturados’ que forma parte del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, nómina N° 9568 de 2011 en la cual figura el demandante, al que también reconoce como víctima de tortura y confinamiento en los recintos de detención de prisioneros políticos en Magallanes. 

El fallo precisa que “entendiendo el daño moral como todo detrimento o menoscabo que por hecho o culpa de otro la víctima sufre en sus intereses extrapatrimoniales, resulta que los tratos crueles e inhumanos que se dan por acreditados, y que configuran la tortura de que fue objeto el actor, impetrados con el sólo objeto de obtener una supuesta información o una confesión y de castigarlo por estimar que pertenecía a movimientos de la izquierda política, no afines a la dictadura que imperaba en la época, causaron en el daño positivo o efectivo tanto en su esfera física, -lesiones en todo su cuerpo y lesión en una de sus rodillas como lo refieren los testigos-, como en su esfera mental, -dolor, miedo intenso y ansiedad, entre otros-, que lo menoscabó en su dignidad como ser humano, llegando incluso a su cosificación por parte de los agentes del Estado como se demuestra del relato del actor, refrendado por el certificado de la Cruz Roja de fecha 02 de febrero de 2017 que se acompañó a los autos, toda vez, que en el campo de prisioneros políticos de Isla Dawson fue despojado de su nombre pasando a denominarse “Bravo 10”. 

Continúa el fallo: “A lo señalado debe agregarse que a la época de la detención ilegal, torturas y perdida del año escolar, el actor era menor de edad, con tan solo 17 años, si consideramos que a la sazón la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años, cuestión que no puede soslayarse al apreciar la dimensión del daño y consecuencialmente la indemnización del mismo”.

Lea aquí texto completo del fallo:

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