A un año de la muerte del dictador Augusto Pinochet Ugarte, autor de las mayores atrocidades y atropellos a los Derechos Humanos en Chile, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reunidas en el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos entre los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2007, en las aulas de la Universidad de Santiago de Chile, ex Universidad Técnica del Estado, hemos sentado las bases de la Plataforma de Derechos Humanos que guiara nuestras luchas en el siglo XXI.
El Congreso Nacional de Derechos Humanos congregó a 350 representantes de distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos del país; de los cuales 140 correspondieron a regiones y pueblos de Chile; 10 delegados provenientes de Suecia, Alemania, Francia, Austria y Australia, los que participaron en representación de los chilenos en el exterior; y 200 delegados de la región Metropolitana.
Por primera vez se integraron públicamente en el debate social, las distintas dimensiones de los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos.
POR LA PAZ Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, RECHAZAMOS LA INJERENCIA DEL GOBIERNO DE CHILE EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE VENEZUELA.
En los días recientes, y como parte de una escalada comunicacional orquestada, la opinión pública en Chile ha presenciado una agudización de los ataques en contra del gobierno bolivariano y constitucional de Venezuela.
Rechazamos y repudiamos la decisión política intervencionista del gobierno de Chile, que en alianza con los gobiernos de ultra derecha de Brasil y Estados Unidos, pretenden dictar normas de conducta a Venezuela, en clara violación del principio de autodeterminación de los pueblos, uno de los fundamentos del Derecho Internacional.
En Venezuela, donde rige plenamente el Estado de Derecho y una Constitución aprobada en forma legítima por la mayoría ciudadana de la República, se está intentando un golpe de Estado y rechazamos que el actual gobierno de Chile se haga cómplice activo de una tentativa golpista con fatales consecuencias para la paz, la estabilidad y los derechos humanos del pueblo venezolano.
En Venezuela el único gobierno constitucional de la República, conforme a la Constitución bolivariana, es el Presidente Nicolás Maduro, como lo han reconocido explícitamente las FFAA y el Poder Judicial de ese país. El Presidente Nicolás Maduro fue elegido en un proceso electoral en mayo de 2018 donde participaron además 3 candidatos de la oposición.
Respaldamos el llamado realizado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, los gobiernos de Uruguay, México y los pueblos latinoamericanos, para que en Venezuela tenga lugar un diálogo justo y equitativo que resuelva las diferencias y el conflicto político por la vía democrática. Lamentamos que el actual gobierno de Chile, al abanderizarse por un sector político interno venezolano, perdió la posibilidad de ser un Estado garante del diálogo, la paz, la soberanía, la democracia y al respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano.
AGRUPACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES DE MAGALLANES.
El Informe 2017/18 de Amnistía Internacional arroja luz sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2017.
En el prólogo, las cinco perspectivas regionales y el análisis individual de los 159 países y territorios de todas las regiones que componen este informe, se documentan la lucha de muchas personas para reivindicar sus derechos y el incumplimiento por los gobiernos de su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.
Sin embargo, también se vislumbran avances conseguidos con mucho esfuerzo que demuestran que la defensa de los derechos humanos produce cambios positivos. Este informe rinde homenaje a los defensores y defensoras de los derechos humanos que continúan luchando por el cambio, a veces arriesgando su vida.
En un periodo en el que las medidas de austeridad y las catástrofes naturales han sumido a muchas personas en una mayor pobreza e inseguridad, el informe de este año también pone el foco en los derechos económicos, sociales y culturales. Si bien en todo momento se ha buscado garantizar la exactitud de la información aquí contenida, ésta pudiera estar sujeta a cambios sin previo aviso.
GINEBRA (25 de enero de 2019) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este viernes y llamó a realizar una investigación efectiva de los actos que han provocado numerosas muertes y lesiones durante la última semana de protestas. Asimismo, instó a todas las partes a iniciar inmediatamente un diálogo que permita distender el clima de enfrentamiento cada vez más incendiario que pesa sobre el país.
Según informes de fuentes locales fidedignas, al menos 20 personas habrían muerto como consecuencia de disparos con armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados pro-gubernamentales durante las manifestaciones del martes y miércoles. Muchas otras personas han sido heridas por disparos de balas, perdigones y proyectiles de goma.
“Cualquier incidente violento que resulte en personas muertas o heridas tiene que ser investigado de manera independiente e imparcial para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por las autoridades, o si el crimen fue cometido por miembros de grupos armados, ya sean pro-gubernamentales o no”, dijo la Sra. Bachelet. “Estoy extremadamente preocupada de que la situación en Venezuela pueda escalar rápidamente en una espiral sin control y con consecuencias catastróficas”.
La Alta Comisionada dijo que su Oficina ha recibido informes de detenciones a gran escala de manifestantes –más de 350 personas en total, incluyendo 320 sólo el 23 de enero- y que también ha recolectado información sobre allanamientos de viviendas en algunas de las áreas más pobres de Caracas, donde se han registrado al menos 180 protestas durante esta semana.
Bachelet advirtió que es vital prevenir una repetición de los patrones de represión que fueron documentados por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017,* como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias generalizadas, restricciones a la libertad de reunión y de expresión y allanamientos y ataques indiscriminados en contra de viviendas.
Por ello, instó a las autoridades de Venezuela, especialmente a las fuerzas de seguridad, a ejercer moderación y a respetar el derecho fundamental de toda persona a la libertad de expresión y de reunión pacífica. También recordó que “el uso excesivo, desproporcionado o indiscriminado de la fuerza está clara e inequívocamente prohibido por el derecho internacional”.
También pidió que se respeten las garantías procesales en el caso de todas las personas detenidas y que se ponga inmediatamente en libertad a toda persona detenida por ejercer sus derechos humanos.
La Alta Comisionada exhortó a los dirigentes políticos del Venezuela a que inicien de inmediato conversaciones con el fin de distender la situación y encontrar una solución práctica y duradera a la prolongada crisis social, política y económica del país. Dijo que es vital que las autoridades se abstengan de cerrar cualquier vía de diálogo restante mediante la persecución penal de los líderes políticos y sociales, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional.
“Más de tres millones de venezolanos han huido del país, muchos millones más viven en condiciones totalmente miserables”, observó. “¿Qué más se necesita antes de que los líderes políticos antepongan el bienestar de su pueblo a sus propios intereses? Esto es, en el fondo, una crisis de gobernabilidad, y es responsabilidad de los líderes del país poner fin a esta situación desastrosa”.
OBSERVATORIO CIUDADANO DE DERECHOS HUMANOS DE MAGALLANES 